A la búsqueda del voto perdido

Por Juan C. Sánchez Arnau, diplomático y economista

 

Cuando comenzaron a llegar encuestas con resultados desalentadoras para las PASO a la Casa Rosada y al Instituto Patria el Gobierno anunció una batería de subsidios y planes destinados a acotar los riesgos electorales:

  • Aumento de la “Tarjeta Alimentar”.
  • Lanzamiento o ampliación de los programas“Potenciar Trabajo”, “Te Sumo” “Progresar” y “Argentina Programa”.
  • Un bono para Jubilados (para compensar en parte la pérdida de ingreso real del 8,9% del último año).
  • Refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo y del “Plan Hogar”.
  • Un bono adicional para las pensiones no contributivas.
  • Devolución del 15% a los consumos con Tarjeta Alimentar.
  • Programa de crédito a tasa cero para monotributistas (con seis meses de gracia, y a pagar en doce cuotas, por montos de entre 90.000 y 150.00 pesos).
  • Préstamos de la ANSES por hasta $ 200.000 para jubilados, a cinco años y con tasa de interés subsidiada.

Inclusión en el Presupuesto Nacional 2020 de fondos adicionales para “programas sociales en el Conurbano bonaerense”.

  • Ampliación del Programa “Pre-Viaje”.

Buena parte de estas medidas ya están incluidas en la ampliación del Presupuesto por $ 708.000 millones dispuesta por un DNU del 4 de agosto. Otras, en el Presupuesto de la ANSES. A ello hay que agregar pérdidas fiscales por la menor recaudación resultante de algunas de esas medidas y estimadas en cerca de $ 65.000 millones, en particular la suba del límite no imponible para el Impuesto a las ganancias (lamentablemente apoyado por la mayor parte de la Oposición aún a sabiendas de que se financiaría posteriormente con mayor presión impositiva sobre las empresas, castigando aún más la posibilidad de creación de empleo).

Antes de adoptar estas medidas, el Gobierno también había dado la luz verde para la renegociación de las paritarias, fijando implícitamente un piso del 40% para lo aumentos y puso un límite a los incrementos tarifarios de energía y transporte.

Es cierto que muchas de estas medidas se pueden justificar en el marco de un esfuerzo por reactivar la economía o promover el empleo de los sectores más afectados por las medidas adoptadas por el Gobierno desde que comenzó la pandemia, pero su magnitud, oportunidad -y en algunos casos su naturaleza- no disimulaban su claro fin electoral. Sin embargo, no fueron suficientes para evitar que aquellos malos augurios de las encuestas se hicieran realidad y llegaran incluso a superar los resultados electorales previstos por la Oposición.

Como es público y notorio, a la catástrofe electoral siguió la crisis provocada por la renuncia de algunos miembros del Gabinete que culminó con la “intervención” del Gobierno nacional y del de la Provincia de Buenos Aires. Nuevos Jefes de Gabinete, nuevos ministros y una clara decisión de intentar revertir el resultado de las PASO para evitar la pérdida de las mayorías en las dos cámaras del Congreso. Con tal fin, ya se han anunciado nuevas medidas:

  • El Consejo del Salario decidirá la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil de $ 29.160 a 32.000.
  • Este aumento generará, a su vez, aumentos marginales en los subsidios de tres programas (“Potenciar Trabajo”, becas “Progresar” y “Programa Acompañar”) que se administran en la esfera del Ministerio de Trabajo.
  • Se emitirá un nuevo bono de $ 6.000 a cobrar en el mes de octubre para los jubilados que perciben menos de dos salarios básicos.
  • Se ampliará una vez más el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias hasta $ 175.000 para tener en cuenta la incidencia de los aumentos de las recientes paritarias.
  • Se permitirá a los trabajadores desocupados mayores de 55 años y con más de 30 años de aportes jubilarse antes de alcanzar el límite de edad mínima.
  • Se ampliará el número de potenciales beneficiarios del programa “Te sumo” del Ministerio de Trabajo que contempla aportes del Estado de entre $ 11.500 y 18.000 por mes, según el tamaño de la empresa (PyME), en concepto de salario para jóvenes hoy desocupados. Ello a pesar de que hasta hoy solo se han registrado menos de 17.000 interesados y 685 empresas.
  • Se han extendido los programas tipo Ahora 12 con créditos sin intereses que implican un fuerte impulso al consumo de bienes para el hogar.

Adicionalmente, están a estudio otras iniciativas como el restablecimiento transitorio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por una suma superior a la anterior ($ 10.000) pero con un alcance más limitado, reduciendo quizás el número de beneficiados de unos nueve a no más de dos millones de personas. También se está estudiando, particularmente en el ámbito de la presidencia de la Cámara de Diputados, la posibilidad de modificar la legislación vigente para que aquellas personas que son beneficiarias de planes sociales puedan seguir percibiéndolo si consiguiesen un trabajo regular que exigiese aportes previsionales.

Siempre en el plano de lo material, agreguemos que ya ha comenzado en algunos distritos (Gral. Rodríguez, concretamente) el reparto de artefactos para el hogar.

Este nuevo paquete de medidas se estima que tendrá un impacto presupuestario del orden de los 150.000 millones de pesos (sin contar la eventual renovación del IFE). El problema es que requerirá tanta emisión monetaria que es posible que el BCRA llegue al límite de transferencias y adelantos al Tesoro Nacional que permite su Carta Orgánica. Sin embargo, el problema ha sido resuelto de antemano mediante la utilización de parte de la conversión a moneda nacional de los Derechos Especiales de Giro emitido por el FMI a favor de nuestro país, para ampliar las disponibilidades del BCRA para efectuar tales transferencias al Tesoro en el futuro. El resto será aplicado a la cancelación de los vencimientos con el FMI que caen en este año.

De todos modos, las consecuencias previsibles de tanta emisión son preocupantes y en varios planos. El primero es el monetario. El Tesoro tratará de financiar esta emisión adicional con nuevas colocaciones de bonos. Recordemos, sin embargo, que después de varios meses de colocaciones exitosas, que en algunos casos superaban los montos de los vencimientos de bonos anteriores, las últimas de dichas colocaciones ya no encontraron el mismo interés en el mercado, a pesar de que dichos bonos en su mayoría ajustan por inflación por el tipo de cambio oficial. Es decir que el mercado comienza a tener serias dudas sobre la capacidad del Tesoro de poder atender los futuros vencimientos sin mayores consecuencias. Además, la emisión monetaria se reflejará inevitablemente en la inflación. En los últimos meses se ha registrado una leve reducción de la tasa mensual, pero emitiendo a este nivel, en no más de un par de meses (¿diciembre?) veremos inevitablemente las consecuencias.Para tratar de evitar la corrida inflacionaria y especialmente una mayor dolarización de los ahorros, el BCRA se verá obligado a aumentar las colocaciones de

Letras de Liquidez (LELIQs) en los bancos locales para retirar el exceso de liquidez. El problema es que como consecuencia de los niveles previos de emisión de Leliqs al 38% de interés anual,el BCRA ya tiene que renovar alrededor de 120.000 millones de pesos mensuales adicionales nada más que para cubrir dichos intereses. Y aquí comienza el aspecto más delicado de esta política.  Buena parte del exceso de liquidez se seguirá volcando sobre el mercado de cambios. Las reservas disponibles del BCRA, contando los ingresos y egresos esperados hasta fin de año, dejarán un saldo muy pequeño para poder intervenir en el mercado de cambios y evitar la depreciación acelerada del peso. Esa intervención ya está cerca de los cien millones de dólares diarios y algunas estimaciones indican que las reservas no llegan más de USD 3.000 millones.Nuestra estimación es un poco más limitada, porque consideramos que también debería haber algunos pagos en el marco de la reciente renegociación de la deuda de la Provincia de Buenos Aires y en una reciente obligación surgida por un fallo del CIADI que fue incluida en la comentada ampliación del Presupuesto pero que no había sido contemplada antes entre los pagos previstos con divisas. Pero aún si la cifra correcta fuera la anterior, resultará necesario mantener muy limitadas las importaciones (recordemos que ya hay algunos miles de recursos de amparo presentados por importadores para que el BCRA entregue las divisas necesarias para liberar a plaza mercaderías que ya han sido pagadas) y tomar medidas adicionales para contener aún más la salida de divisas. Entre ellas se ha mencionado la renegociación de los vencimientos de los organismos financieros internacionales; una operación que no es posible en todos los casos, dada la vinculación de la mayoría de los desembolsos al cumplimiento de ciertas metas y aportes locales de contraparte. Por eso al “cepo” se van agregando continuamente nuevas restricciones administrativas que limitan las operaciones de los distintos tipos de cambio. Un factor que alimenta la incertidumbre y alimenta nuevos impulsos de fuga de nuestra moneda. Por ello no deberíamos descartar que el Gobierno o el BCRA se vean obligados, antes de laselecciones, a buscar alguna solución alternativa para ampliar su margen de maniobra frente al riesgo de mayor demanda de dólares.

En definitiva, la búsqueda del voto perdido se hará con un elevado costo fiscal, fuerte emisión monetaria y elevados riesgos en materia de aumento de la inflación, de agotamiento del crédito al sector público y de presión sobre el tipo de cambio.