Denuncian a la gobernadora Bertone por utilización de fondos reservados para la campaña

En el día de ayer (26/7) ingresó al Ministerio Público Fiscal una denuncia penal contra la Gobernadora Rosana Bertone y el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray por la falta de rendición de $17 millones de pesos imputados con carácter de fondos reservados.

El escándalo estalló cuando en el marco del tratamiento de la ley de presupuesto 2018, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad ni el propio Secretario Ezequiel Murray,  pudieron explicar en su exposición frente a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura el destino de los fondos.

La denuncia se enmarca en las graves sospechas de que los fondos reservados de la Secretaría de Seguridad habrían sido destinados a la campaña electoral de la candidata de Rosana Bertone, Laura Colazo en las recientes elecciones a Diputados Nacionales. Por otra parte la policía provincial está inhibida de efectuar intervenciones telefónicas, y de efectuar inteligencia que está regulada por la Ley de Inteligencia Interior, por lo sorprende que el gobierno provincial  utilizara fondos reservados para la compra de equipamiento y tecnología  para espiar, como lo confesó el propio Murray.

Ahora la fiscalía deberá avanzar tomando medidas de prueba en tres aspectos:  el quebrantamiento de la prohibición constitucional de  fondos reservados, la malversación de fondos públicos, y la violación de la ley nacional de inteligencia.

La denuncia incluye a la Gobernadora provincial, ya que ella como titular del Poder Ejecutivo Provincial no puede desconocer lo que sucedía en el manejo presupuestario de la Secretaría de Seguridad.

El equipamiento comprado secretamente no podría tener otro destino que las intervenciones telefónicas y de  correos electrónicos, sin otro objetivo posible que el de efectuar inteligencia a políticos, periodistas, dirigentes sociales opositores y hasta incluso funcionarios judiciales, lo que constituiría una clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional.  El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,   es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones  telefónicas o captaciones electrónicas de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

La Constitución Provincial es concluyente, prohíbe los gastos reservados, y Murray  pretende utilizar un artículo previsto para los “contratos petroleros”, para tratar de zafar de la imputación del delito de malversación de fondos públicos. No caben dudas que nos encontramos  frente a la posible comisión de varios  delitos: uno violatorio del orden constitucional provincial que prohibe los “gastos reservados”,  la malversación de fondos públicos y finalmente,  la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.