Diputados: reclaman el cumplimiento del protocolo para abortos no punibles

La Vicepresidente de la Cámara de Diputados Patricia Giménez presentó tres nuevos proyectos y actualizó otras dos iniciativas, relacionadas con los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género. La legisladora solicitó la reglamentación de la ley 27210 que crea, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de la violencia de género.

Esta iniciativa, aprobada en noviembre de 2015, debe ser reglamentada de manera urgente, ya que permitirá avanzar en la lucha contra la violencia machista que tantas vidas ponen en peligro y se ha cobrado en nuestro país, sostuvo.

En otro proyecto de resolución, Giménez solicitó a las provincias que creen juzgados especializados en violencia de género con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos de las mujeres. “Es necesario centralizar; las mujeres víctimas de violencia de género no pueden estar a merced de varios procesos judiciales simultáneos que, a veces arriban a sentencias con  sentidos contradictorios, de allí la importancia de la creación de juzgados especializados en el tema”, explicó.

Otra de las preocupaciones que expresó la diputada tiene que ver con las normas que existen en las provincias que al prever procesos de mediación, en los casos de la violencia de género, se expone a la víctima ante el agresor. “Hay que armonizar normativas porque estamos revictimizando a quien sufrió violencia y se encuentra inestable emocionalmente porque padece las secuelas del maltrato físico, psicológico sexual, patrimonial o simbólico que recibió, sostuvo la legisladora.

Además, en otro orden, solicitó al Poder Ejecutivo la intervención del Consejo Federal de Salud a fin de garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias, como lo estableció la  Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La realización de estas prácticas no es fácil, se dificulta en muchas provincias, muchas mujeres han visto imposibilitado su derecho a abortar ante casos de violación, por dilaciones indebidas, tanto por parte de los operadores del sistema de salud, como por los operadores del sistema judicial”, indicó Giménez.

“Nueve jurisdicciones no cuentan con protocolos y otras ocho regulan los permisos con exigencias que obstaculizan la práctica”, denunció.

Finalmente Giménez insistió con un proyecto que modifica la ley de contrato de trabajo y establece que toda víctima de violencia de género cuente con una licencia especial de cinco días a partir del hecho dañoso. “Todos los poderes del gobierno debemos implementar acciones, con el objetivo de paliar la violencia de género, estableciendo procedimientos que faciliten la visibilización del  flagelo y las correcciones y los castigos posibles, como herramientas de defensa contra este drama social”, dijo la diputada Giménez en los fundamentos de la iniciativa.

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