Entre Ríos: Enriquecimiento ilícito del ex intendente de Victoria

César Zuccotti, impulsor de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de esa ciudad, Rubén Darío Garcilazo, valoró el avance de la investigación judicial aunque advirtió que “no se llegó a fondo” y “el resultado no es el que se debería tener porque hay otros hechos que se deberían haber investigado más profundamente como hechos conexos con parientes que incrementaron sus bienes”.

Explicitó que Garcilazo “estaba en una situación de quebranto antes de iniciar la gestión en la intendencia en 2011, porque tenía acreditado en el Banco Central en la lista de deudores más de 47 cheques rechazados por más de 300.000 pesos, había cerrado la empresa que tenía, estaba con graves problemas patrimoniales y hasta embargos en el municipio para el acceso al sueldo”. “Habrá que ver en qué termina la causa, porque el monto que se establece no debe ser ni el 10 por ciento de lo que debería ser. Pero por lo menos es una pista”, afirmó. Además, cuestionó que en la ciudad “las reacciones políticas no han sido demasiadas. La sociedad ya sabía que el perfil de Garcilazo como funcionario era dudoso y se toma el tema como una situación que ya era evidente, pero no hay demasiada censura ni cuestionamientos”.

En declaraciones radiales, Zuccotti explicó que la denuncia “se realizó en la Fiscalía de Victoria en julio de 2015, planteando una cantidad de situaciones que se consideraban que era semiplena prueba de irregularidades”.

Afirmó que “con esto el fiscal llevó adelante la causa y ahora vemos el resultado parcial de sus consecuencias” y consideró que “se avanzó bastante, pero no lo que hubiera pretendido porque denuncié un enriquecimiento ilícito de su patrimonio puesto que estaba en una situación de quebranto antes de iniciar la gestión en la intendencia en 2011, porque tenía acreditado en el Banco Central en la lista de deudores más de 47 cheques rechazados por más de 300.000 pesos, había cerrado la empresa que tenía, tenía graves problemas patrimoniales y hasta embargos en el municipio para el acceso al sueldo y otros hechos y situaciones que lo involucraban que se fueron desarrollando mientras era intendente”.

Consideró que “la investigación no llegó a fondo” y analizó que “lo que pasa en la justicia argentina y entrerriana todos lo conocemos, pero en este caso en alguna medida algo se avanzó”. De todos modos, reiteró que “el resultado no es el que se debería tener porque hay más hechos que se deberían haber investigado más profundamente como hechos conexos con parientes que incrementaron sus bienes y no se ahondó ni se fue a fondo”.

En ese marco, también planteó la posibilidad de que el ex intendente pudiera ser testaferro de otra persona. “Fuimos muy pocos lo que advertimos de esta situación al momento de su postulación, pero la sociedad en general fue muy permisiva y eso es lo que vemos también a nivel nacional, con el estado de decadencia y corrupción que hay, que no es una novedad”, reflexionó.

Ante la causa, sostuvo que “las reacciones políticas no han sido demasiadas. La sociedad ya sabía que el perfil de Garcilazo como funcionario era dudoso y se toma el tema como una situación que ya era evidente, pero no hay demasiada censura ni cuestionamientos”. “Hay como una bajada de brazos, la prensa en general ha sido cómplice, hay muchos medios de prensa que son cortesanos del poder, que viven de la pauta oficial; el intendente actual a la causa la miró como de costado, sin una censura firme”, cuestionó.

Al respecto, analizó que “esto se da por la falta de compromiso con estas causas en general en la sociedad, nadie se ocupa de la corrupción porque en alguna medida toca a todos los sectores de la sociedad”.

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