Formosa: Preocupaciones de un gobernador

Las derivaciones del caso Ciccone, en el cual está involucrado el exvicepresidente Amado Boudou, salpican al gobernador Gildo Insfrán quien, desde 1995, regentea como un bien patrimonial propio a la castigada provincia de Formosa.

The Old Fund, la consultora organizada por amigos de Boudou para cometer hechos ilícitos, concretó su primer negociado con el gobierno de Insfrán.

Desde 2012, el juez Ariel Lijo tramita una causa sobre los cuando menos irregulares procedimientos que los vinculaban. Mucho queda por conocer sobre estos tan redituables como sospechosos contactos, incluidos los viajes de aviones de Lázaro Báez a la capital formoseña. La Justicia debería prestar más atención al norte y no solo al sur del territorio en la búsqueda de explicaciones.

Para renegociar sus deudas con el gobierno nacional, Formosa fue la única provincia que recurrió al asesoramiento de una consultora privada. Pagó por ello a The Old Fund, a valores del 2010, el equivalente a unos dos millones de dólares. Parte de ese dinero quedó en poder de Martín Cortés, por entonces empleado del banco provincial de Formosa y actual accionista, con un 4,8% del capital. Cortés es considerado en Formosa testaferro de Insfrán. En opinión del fiscal Carlos Rívolo, "la maniobra delictiva consistió en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue tal, llevado a cabo en el marco real del proceso de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa, con el objeto de percibir la suma de 7.667.161,30 pesos pagada con fondos públicos" a través del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro).

Informaciones más recientes revelarían también que el referido Fonfipro fue utilizado en la ruta del dinero K que canalizaba el financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens. No llama la atención, pues es sabido que, al igual que Santa Cruz, tanto Formosa como Santiago del Estero -ambos distritos con pavorosos índices de pobreza fruto de sus reaccionarios regímenes feudales supieron compartir las preferencias del procesado exministro de Planificación Federal Julio De Vido para encarar obras, propiciando impunemente el saqueo por el que hoy paga con la cárcel.

En 1995, al concluir su mandato Vicente Joga, Insfrán, tras haber sido su vicegobernador durante ocho años, lo sucedió en el gobierno formoseño. Desde entonces, permanece en el poder, primero, forzando una reelección que la Constitución provincial no permitía, con el apoyo del menemismo, lo cual lo obligó a enviar a prisión al presidente del Superior Tribunal de la provincia, quien naturalmente debía resolver el planteo y, luego, promoviendo la reelección indefinida, instrumento de cuanto aspirante a déspota existe en el mundo.

Abocado a la construcción de un sistema de capitalismo de amigos, empresas históricas de la provincia quiebran o desaparecen y emergen desconocidas entidades empresariales en manos de testaferros y amigos. Bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, perdió la intendencia de la capital y, a partir de entonces, como el camaleón, fue cambiando de colores cuantas veces hizo falta. Tras acompañar la retirada en San Luis del tan breve como triste período de Rodríguez Saá, se olvidó de su menemismo a ultranza y acompañó al duhaldismo. Y, retirado el riojano, estableció una estrecha relación con Néstor Kirchner, aun insuficientemente investigada, que lo llevó a la presidencia del congreso nacional del PJ hasta hoy.

Formosa disputa con su vecina Chaco y con Santiago del Estero los peores índices de pobreza y educación de nuestro castigado país. Entre otros flagelos, la hermana Marta Pelloni ha denunciado que muchos adolescentes enfrentan situaciones de esclavitud. La tasa de mortalidad de bebés triplica la de Neuquén y la de madres durante el parto es diez veces superior a la de la ciudad de Buenos Aires.

En su desmedido afán por mejorar las perfomances electorales, perduran en Formosa prácticas anacrónicas como la compra de libretas, amenazas como las sufridas por la comunidad wichi y el otorgamiento de pensiones y DNI a ciudadanos paraguayos que viven en su patria y cruzan la frontera para votar en nuestras elecciones. No han quedado a salvo ni siquiera los bosques. El gobierno de Insfrán no se ha privado de vender más de cuarenta mil hectáreas con quebrachales a poco más de ocho pesos la hectárea y sin pasar por la Legislatura, según denuncias de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam)

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