La grieta llegó a las jubilaciones

Según explica el abogado de extracción radical alfonsinista Facundo Fernández Pastor, especialista en derecho de la seguridad social, el macrismo busca la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cambiar la jurisprudencia sentada por los fallos “Sánchez”, “Badaro” y “Eliff”.

Según Fernández Pastor compeler a los jubilados y pensionados que no aceptaron ingresar al Programa de Reparación Histórica –caballito de batalla PRO, para su electorado- porque decidieron cobrar el ciento por ciento de su crédito, a que tengan que aceptar las quitas que establece la Ley 27.260. Lo que significaría cobrar un 40% de su haber reliquidado y un 40% del retroactivo es “ilegal e inmoral».

Continuando con la explicación, Fernández Pasto dice que la estrategia de Cambiemos tuvo como punta de lanza al Dr. Juan Fantini, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 6 de la Seguridad Social, quien aplicó “de oficio” y sin el acuerdo de partes que requiere la Ley 27.260, retroactivamente y violando la jurisprudencia de la CSJN, los índices de movilidad fijados en la mencionada norma.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el fallo y, fue allí que la ANSES comenzó a plantearse la idea de recurrir mediante el REF ante la CSJN para, mediante un cambio de jurisprudencia del Máximo Tribunal, obligar a todos los jubilados a soportar una quita en sus haberes y retroactivos, aún cuando no ingresaran en el programa establecido en la ley.

Al respecto, continúa diciendo el experto en derecho de la seguridad social, “hay que recordar que respecto a la irretroactividad de la ley, el artículo 7º, segundo párrafo, del nuevo CCyCN establece que: ‘…La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…’. Por lo tanto, lo que ha hecho el Dr. Fantini, y lo que pretende el gobierno que realice la CSJN respecto de aplicar los índices fijados en la Ley 27.260 a los períodos comprendidos entre 1991 y 1995 y entre el años 2002 y 2008 es, absoluta y irremediablemente inconstitucional.”

De tal modo la maniobra, que es ilegal, perjudicaría a los más de trescientos mil jubilados y pensionados que tienen juicios pendientes por ante la Justicia Federal de la Seguridad Social; además sentaría un terrible precedente en materia de aplicación retroactiva de las normas en materia de seguridad social que, es importante destacar, el máximo tribunal siempre ha rechazado.

Dicha maniobra del oficialismo sólo puede llevarse a cabo si, la mayoría de los Ministros del Máximo Tribunal acuerdan violar de manera flagrante los derechos y garantías consagrados en las leyes y la Constitución, al único efecto que los gobernantes ahorren recursos del Estado destinados al subsistema previsional, específicamente destinados al pago de sentencias judiciales en la ley de presupuesto.