«Mientras 80% de los jubilados cobra $19.035, Cristina va a cobrar $2 millones»

El Juez subrogante del Juzgado de la Seguridad Social Nº 10 aceptó este jueves la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa por la cual se le otorga doble pensión honorífica a Cristina Fernández de Kirchner y concedió los recursos de apelación planteados por éstos y por ANSES.

Los diputados Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace, realizaron una presentación judicial junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, para intervenir como terceros y apelar la resolución judicial por la cual se le otorgó indebidamente a la Vicepresidente de la Nación una doble asignación vitalicia.

Cacace destacó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la Vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias -una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner-, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”

Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos de la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el gobierno para desfavorecerlos”, advirtió Cornejo.

Y agregó que “la justicia resolvió del modo en que lo hizo, en gran parte porque la ANSES no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial. La única jubilada favorecida por este gobierno es la vicepresidenta”.

“Ante esta brutal inequidad y la inacción del Estado en favor de la vicepresidente, presentamos un escrito para apelar la resolución del juez Nami y defender a todos los jubilados y ciudadanos que se ven perjudicados por tener que soportar la carga de dos haberes para Cristina Fernández, cuando de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno”, explicaron los legisladores.

Cacace dijo que “si bien bajo la legislación actual la vicepresidente tiene derecho a percibir una asignación vitalicia, esta es incompatible con todo otro haber, jubilación, pensión o prestación del Estado. El verdadero espíritu de las asignaciones mensuales vitalicias a Presidentes y Vicepresidentes, constituida por primera vez hace 80 años, fue asegurar en ese momento que aquellos que habían sacrificado su vida por el ejercicio de la función pública pudieran continuar luego teniendo una vida digna”.

Acompañan esta presentación los diputados Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre Dolores Martínez, con el patrocinio letrado del abogado previsionalista Federico Despoulis Netri, entre otros.

Por su parte, el iputado Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, también acompañó la apelación y explicó que “la pensión honorífica acordada por la Ley 24.018 no es acumulable a todos los beneficios previsionales como se quiere demostrar en esta causa, y la pensión aludida es única”.

Y agrega que “hay que impedir este atropello hacia los jubilados que cobran una miseria en materia previsional pues la carga incorrecta de este doble beneficio hace la necesidad moral y jurídica de intervenir en este caso”.

Luego, el Diputado de JxC analizó la actuación de la Directora Ejecutiva de Anses María Fernanda Raverta, y dijo que “ha dejado mucho que desear es esta causa como en todo su desempeño desde su nombramiento al frente del organismo previsional”. Para agregar que se puede sospechar de “complicidad entre las partes ya que la actual Vicepresidente de la Nación cumple con un rol esencial en la función de Estado y aparentemente ha optado por complacerla ya que no ha hecho nada por detener, complicar o dilatar el expediente, es más parecería que está conforme con la estrepitosa suma de dinero a pagar, cuando a la fecha no se han cumplido con las sentencia de 23 los jubilados que siguen esperando que se les pague los haberes que después de 8 o 10 años de litigio se efectivicen”.

Asseff argumenta que “el Poder Ejecutivo aprobó en el Congreso la Ley de Emergencia (Ley 27.541) donde, por un lado, el oficialismo marcó la situación  crítica de las finanzas argentinas y de los sectores más vulnerable, y por otro lado suspendió la movilidad del régimen general de jubilaciones (Ley 24.241), dejando a salvo a los regímenes especiales, donde se encuentran los de los Presidentes, Vicepresidentes, Ministros de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios judiciales.

Y concluyó: “mientras mientras se sancionaba una ley de movilidad paupérrima y con un gran deterioro a los haberes de todos los jubilados, a escondidas se le otorgaba el doble beneficio a la ex presidenta”.

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