Nueve intendentes del FpV en Jujuy podrían quedar fuera de las elecciones

El Tribunal de Cuentas le reclama a 9 intendentes del FpV de Jujuy la devolución de millonarias cifras o acusa directamente de malversar fondos. Un proyecto de ley mantiene paralizada la legislatura provincial, ya que si se aprueba, los funcionarios que no rindieron cuentas quedarían inhabilitados para volver a presentarse en elecciones.

Si se suman todas las obras y servicios que estos funcionarios debieron haber realizado con el dinero que llegó a sus gestiones, se llega a la exorbitante suma de 3 mil millones de pesos, a lo largo de la última década.

Según un informe presentado por el diputado provincial, Marcelo Llanos, en un proyecto de ley que busca prohibir que se presenten nuevamente a elecciones hasta que aclaren su situación ante el organismo de control de la administración pública provincial, los mandatarios Rolando Pascual Ficoseco (Perico), Jorge Ramón Ale (ex intendente de Libertador General San Martín), Dante Velázquez (La Quiaca), Julio Carlos Moisés (San Pedro), Sergio Gustavo Bautista (La Mendieta), Jesús Lorenzo Guerra (La Esperanza), Juana Sandoval (San Antonio) y Nilson Ortega (Monterrico), forman parte de la extensa lista que tiene el Tribunal de Cuentas con funcionarios que administraron dinero público de forma irregular (se destinó a obras que no existen, se realizaron compras de bienes o insumos cuya existencia es incomprobable o la documentación está viciada de irregularidades).

Sin embargo, la nómina de ex funcionarios (algunos continúan ocupando cargos en diferentes áreas en la administración pública) es mucho más extensa. Según Llanos, aparecen ministros, secretarios, directores y asesores, que tuvieron en sus manos partidas presupuestarias que se diluyeron por malas ejecuciones.

En base a esta documentación y al volumen de los fondos que virtualmente desaparecieron con destinos inciertos, es que se pretende aprobar un proyecto de ley para prohibir que quienes registran esta falta a la hora de rendir cuentas puedan volver a aspirar a ser electos en cargos públicos.

La iniciativa ingresó a la Legislatura en la tercera sesión ordinaria y cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, aunque quedó varada en Legislación General. El Frente Para la Victoria, espacio político donde militan muchos de los que se verían afectados por este proyecto, salió al cruce de la iniciativa y hablan de un intento de proscripción.

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