ONG’s rechazan proyecto de reforma al Ministerio Público

Un conjunto de organizaciones no gubernamentales aseguró que las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal incluidas en el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional «afectan su independencia y autonomía».

En un análisis de la situación las organizaciones consideran que la reforma concede a la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización, facultades que «afectan directamente la independencia y autonomía consagrada en el art 120 de la Constitución Nacional».

Así se pronunciaron a través de un comunicado conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación Pensamiento Penal (APP); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y el Instituto de Estudios Comparados en ciencias Penales y Sociales (INECIP).

«Algunos artículos adjudican a la Comisión Bicameral funciones de gestión y cogobierno del organismo. Entre ellas, la función de aprobar las designaciones y la continuidad en el cargo de todos los titulares de procuradurías, unidades especializadas y direcciones generales», expresaron las entidades mediante un comunicado.

«Es claro que, como sucede con el Poder Judicial de la Nación, el MPF no puede quedar sometido a la lógica política parlamentaria, particularmente de los pocos integrantes de la Comisión Bicameral, para decisiones de gestión que implican además nombramientos y decisiones concretas de la política de persecución penal», añadieronn.

La Cámara de Diputados dictaminó la semana pasada a favor de la reforma del Minsiterio Público que impulsa el oficialismo y que, entre otros objetivos, intenta forzar la caducidad del mandato de la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

El dictamen definitivo será debatido mañana en el recinto, tras recibir modificaciones respecto del proyecto original como la eliminación de la figura de los subprocuradores, uno de los puntos mas objetados por la oposición.

El comunicado de las entidades no gubernamentales advirtió también que no resulta correcto establecer un plazo corto de cinco años con renovación a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

«Este primer plazo no permitirá una planificación a largo plazo de las políticas del MPF y quedará sometido a la lógica política de buscar el acuerdo para renovar el mandato. Creemos que una modificación que sostenga este criterio afecta la autonomía del MPF», expresó.

Otro de los cuestionamientos al proyecto de modificación se relaciona con el requisito de cinco años de antigüedad para fiscales en cargos de mayor relevancia institucional y lo consideran una «regla injustificada».

«Conlleva la exclusión de los actuales titulares de procuradurías y unidades especializadas que no tengan esa antigüedad, cuestión que implica, prácticamente, el cese en su funciones de casi la totalidad de los actuales magistrados sin considerar su idoneidad ni el trabajo realizado durante su mandato», señaló.