La entrada Diana Conti presentó un proyecto para Declarar como Derecho Humano el acceso a los servicios públicos se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.
]]>Esto permite analizar con más perspectiva todas las medidas tendientes a tomar por parte del Estado, en cuanto al acceso a estos servicios entendiendo que debe propiciarse en cada una de las medidas que tomen como gobierno con la suficiente amplitud y que estos recursos no queden facilitados solo para un sector de la sociedad, y menos aún en manos de entidades privadas.
A través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el Derecho Humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Reconocer formalmente un Derecho Humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
Asimismo, la energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. El servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, debe verse como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan el país, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de todos los habitantes de nuestros país.
Lo mismo ocurre, en cuanto al acceso al gas, ya que en buena medida constituye la posibilidad de cocinar y tener calefacción, un elemento indispensable para el digno vivir, máxime en las regiones más australes o de menores temperaturas y como parte del derecho a la vivienda digna.
A fin de entender a este proyecto, no hay que olvidar que el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, del mismo modo que nuestro art. 43 de la Carta Magna dispone “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos, y controlar los monopolios naturales y legales”.
El proyecto fue acompañado por los Diputados, Ana Carolina Gaillard, Liliana Mazure, Guillermo Carmona, Alejandro Ramos, Adrián Grana, Rodolfo Tailhade, Teresa García, Analuz Carol, Héctor Recalde, Silvina Frana, y Verónica Mercado, todos pertenecientes al Bloque Frente Para la Victoria-Pj y girado a las comisiones de Obras Públicas, Derechos Humanos y Garantías y Presupuesto y hacienda presididas por Sergio Ziliotto, (Justicialista), Victoria Donda Pérez, (Libres del Sur) y Luciano Laspina, (Unión PRO).
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