De Ferrari, representante de la coalición radical-macrista Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, exdiputada nacional y vicepresidenta de la UCR de esa provincia, emitió ese mensaje en un hilo por Twitter, pero luego lo borró e intentó aclarar la situación.

«Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?», se preguntó la parlamentaria.

Y agregó: «Para que se entienda, la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva».

Pero horas después, y tras cosechar repudios por sus dichos, escribió en la misma red social: «Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello».

También había dicho que «si siguen poniendo tanto esfuerzo, algunos funcionarios en patrullajes ideológicos con toda la fuerza del estado a su disposición, sin hacer valer la ley y avasallando al Estado de Derecho, van a ser cada vez más parecidos a los dictadores del 70 y de Venezuela. Atrasan demasiado».

Esas afirmaciones fueron repudiadas en las redes sociales, por ejemplo por el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, quien después de recordar que a sus padres y a un hermano los secuestraron en un Falcon verde y «aún están desaparecidos», inquirió «si su pregunta no es una expresión de deseo».

«Ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia», advirtió el exfuncionario.

Por su parte, la legisladora cordobesa peronista Nadia Fernández respondió que el tuit de De Ferrari «ofende al cuerpo legislativo en su conjunto» y que «son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad».

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El análisis del proyecto de Presupuesto 2018 fue realizado en cuatro módulos. Primero se abordaron los aspectos macro (orientación de la política macroeconómica, evolución del comercio exterior y proyecciones sobre las cuentas externas); luego se desarrollaron los distintos ángulos de la política fiscal (deuda intra-sector público, recursos tributarios); en tercer orden se analizó la política presupuestaria (gasto social, seguridad social, relación Nación-Provincias), y finalmente se abordó un módulo sobre infraestructura (los programas de participación público-privada, subsidios energéticos, subsidios al transporte).

Consultado sobre la reunión, el presidente del bloque radical, Mario Negri explicó que “Es un encuentro significativo en el contexto del bloque radical en Cambiemos. Esta es una reunión de los legisladores actuales y los que llegan, frente a la responsabilidad enorme de un paquete fiscal de reordenamiento de la economía, que va a ser tratado en breve en el Congreso. En este paquete, hemos analizado exhaustivamente la ley de Presupuesto 2018. Todos los legisladores han hecho preguntas y se han analizado las pautas de reparto de recursos de cada una de las provincias”.

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“Lo que se pretende con este proyecto es una ampliación del universo de sujetos beneficiados, tendiente a modificar la actual modulación reglamentaria que hoy provoca graves perjuicios y desequilibrios para personas con discapacidad y adultos mayores”, explicó Soledad Carrizo.

La legisladora cordobesa explicó que los cambios propuestos “responden a un proceso de extensión de derechos a sujetos vulnerables, de acuerdo a los distintos tratados internacionales y demás obligaciones internacionales asumidas por nuestro país”.

La iniciativa presentada es un proyecto de declaración dirigido al Poder Ejecutivo solicitando que lleve adelante las acciones necesarias para modificar aquellos artículos del decreto 432/97 que disponen requisitos gravosos y restrictivos para el otorgamiento de las pensiones por invalidez y vejez.

El objetivo es que, con esta intervención, sea el mismo Ejecutivo Nacional el que readecúe esta norma reglamentaria en conformidad a los principios protectorios de discapacidad y vejez dispuestos en la Convención de los Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores que en nuestro país gozan de jerarquía constitucional.

En este sentido, Soledad Carrizo expresó que la aplicación rigurosa que el Ejecutivo Nacional está haciendo de dicha reglamentación “ha causado una profunda preocupación en la ciudadanía por el sinnúmero de suspensiones y resulta inadmisible que consideren incompatible y le suspendan la pensión a una jubilada que cobra la mínima y tiene una persona con discapacidad a su cargo”.

“Dicha reglamentación”, amplió la diputada nacional, “debe readecuarse hoy según criterios de justicia social y dignidad previstos por nuestra Constitución nacional, porque el origen de la problemática que ha tomado estado público no es la intencionalidad del Ejecutivo nacional de recortar beneficios, sino los requisitos y condiciones que el propio decreto reglamentario de 1997 establece para la concesión”.

“De manera que la administración pública se ve obligada al cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, de allí entonces, que sea necesario que el Congreso de la Nación, como eco de las necesidades de la población, quien indique al Poder Ejecutivo el camino correcto para reformular esta norma y readecuarla a las necesidades actuales con un criterio de enorme compromiso social”, agregó.

Qué propone el proyecto

“Se pretende una ampliación del universo de sujetos beneficiados: en los términos actuales, el artículo 1 -incisos f), g) y el articulo 3 del anexo del decreto 432/97 establecen condiciones incompatibles con la dignidad de sujetos vulnerables como son las personas que sufren discapacidad y se encuentran en la etapa de la vejez.  Los requisitos actuales requieren un estado de desamparo exorbitante; y el asistencialismo estatal no debe estar guiado por criterios de indigencia y miseria, sino de acompañamiento y auxilio para que todos los habitantes del país puedan alcanzar un proyecto de vida e integración social plena”, sostuvo la legisladora.

“Por eso, pedimos que se flexibilicen los requisitos que implican que el peticionaste y su cónyuge no se encuentren ya amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; y que no resulte excluyente para su otorgamiento no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. También pedimos que se elimine el límite máximo de 2 beneficios por familia aun en el caso de que en el mismo núcleo hubiese más personas con discapacidad”.

“Respetuosos de las funciones de cada órgano, con este proyecto no buscamos derogar un decreto que corresponde a las competencias del órgano ejecutivo reformular, sino manifestar y hacerle llegar la necesidad de hacerlo de manera urgente señalando el camino a seguir”, concluyó Soledad Carrizo

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La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Iglesia presentó en las últimas horas un documento en el que alertó sobre el crecimiento del comercio y el consecuente consumo de drogas en el país.»Invitamos a todos a ponernos la Patria al hombro como nos pide el Papa.

Que la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, nos enseñe el camino del compromiso y nos revele las fibras de la solidaridad, que son la identidad de nuestro pueblo argentino», rezó el comunicado de la organización católica, leído durante una conferencia de prensa.

«La gente que sufre por la droga es la prioridad en nuestra agenda, queremos que se saque un decreto», reclamó el Padre José María «Pepe» Di Paola en ese ámbito.

El parlamentario formoseño de Cambiemos que en los últimos meses se puso a la cabeza de la lucha contra el narcotráfico en su provincia responsabilizó del escenario al Estado en sus diferentes niveles. “Cuando la droga avanza es porque el Estado lo dejó hacer, limitándose a observar los acontecimientos, apoyando así la construcción del actual escenario. Y así Argentina pasó de ser un territorio de tránsito a uno consumidor, causando estragos en amplísimas franjas de su población, principalmente la joven”, definió.

“El narcotráfico ve facilitado su accionar ante un Estado complaciente. En ese contexto, Argentina pasó a ser uno de los tres primeros exportadores de cocaína. Débiles controles, corrupción, participación de funcionarios nos llevaron a esta situación.

“En el norte de Argentina, de la cordillera al océano Atlántico, existen alrededor de 1500 pistas clandestinas y tenemos un ingreso de alrededor de 120 aeronaves diarias que traen hasta 600 kilos de droga por viaje”, enumeró el senador quien definió como narco Estado a la provincia de Formosa, generando de inmediato una agresiva campaña de los funcionarios de la jurisdicción.

“En lugares como Formosa, en cada pueblo, en cada barrio, nos encontramos con la sensación de angustia y zozobra de muchas familias que se ven desbordadas porque uno de sus miembros o un amigo pasa por un momento difícil, pero cuando golpeó las puertas, nunca encontró al gobierno.

Muy por el contrario, lo que veía al costado de las rutas y los accesos fueron inmensos carteles en alusión a la droga como medio de propaganda de un gobernador supuestamente preocupado”, planteó.

“De manera reiterada ante la falta de atención, los ciudadanos se encontraron con funcionarios y amigos del poder que participaron del narcotráfico. Y cuando esperaban sanciones ejemplificadoras, la respuesta fue la protección y hasta el premio”, insistió.

“Hoy estamos ante el peor escenario como da cuenta el documento de la iglesia, para lo cual es imperioso poner a trabajar a todo el Estado”, consideró.

“La prioridad de estos días pasa por extender las manos a los que necesitan salir de la oscuridad; es el propósito que me anima para pedir la sanción de un proyecto de ley que declare la emergencia de las adicciones”, dijo.

Y cerro con un dramático llamamiento: “Ponerse la patria al hombro es un Estado, en sus distintos niveles – nación, provincias y municipios – que termine con la complicidad política con el narcotráfico, brinde la atención de la salud para tenderle la mano a cada argentino que esta pasan un momento difícil y lograr la recuperación de miles de familias, desbordadas por el flagelo”, precisó.

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