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]]>“La acusación es injusta e infundada”, remarcó la legisladora de Cambiemos quien explicó que “la labor legislativa de las comisiones incluye numerosos proyectos que aún no han tenido la oportunidad de ser tratados, lo que no significa que no sean importantes o que no vayan a tratarse. El funcionamiento del Poder Legislativo es bien conocido por esta ONG, la que ha ayudado -sin lugar a dudas- al trabajo legislativo en temas de envergadura en la historia reciente de nuestro país”.
“Los alarmantes niveles de desmonte de los bosques nativos son de gran preocupación de nuestro Bloque, por lo que los proyectos de la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y de la diputada María Emilia Soria del FPV (quien también cuenta con una propuesta similar), representan una gran oportunidad para analizar y evaluar la eficacia de los tipos penales propuestos”, señaló la diputada jujeña, quien agregó que “el tema requiere indefectiblemente la búsqueda de los consensos necesarios para la sanción de una ley”.
Burgos explicó: “si bien el proyecto promovido por Greenpeace fue presentado por Donda el año pasado, fue recién a principios de Agosto de este año que dicha organización se contactó con mi despacho para solicitar una audiencia. Ante dicho pedido, mi equipo se reunió con representantes de la misma donde explicó la metodología de trabajo y los pasos que conlleva su tratamiento, como así también las cuestiones técnicas y legales que requieren considerarse conjuntamente. Los ambientalistas mostraron comprensión de su parte, con lo que se inició una labor coordinada con el ministerio de Justicia y la comisión de Recursos Naturales a donde también ha sido girada la iniciativa”.
Finalmente, Burgos destacó que “lamento la falta a la verdad de Greenpeace. Sin embargo, nuestro trabajo legislativo seguirá siendo serio, respetuoso y comprometido, con el objetivo puesto en la búsqueda de acuerdos para alcanzar la mejor ley posible. Para lo cual seguiremos contando con la participación de las organizaciones de la sociedad civil”.
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]]>La entrada Santa Fe: denuncian «lobby» detrás del proyecto de nueva ley de semillas se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.
]]>La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado.
Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia «un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos».
«Quién controla las semillas, controla la alimentación», dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos.
En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.
Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno Nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas.
A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.
El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con él oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
«Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población», dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace.
En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el Jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo.
Asimismo, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que «el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan».
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