Al respecto, Schwindt destacó: “Los aumentos salariales que están dando son del 20% y los aumentos de tarifas son de entre el 60% y el 100%”, al tiempo que agregó: “Desde el Frente Renovador tenemos una mirada crítica en todo lo que ha sido los aumentos de servicios en los últimos 16 meses. Por eso, impugnamos este cuadro tarifario ya que el bolsillo de la gente no puede soportar un nuevo tarifazo impulsado ahora por el gobierno bonaerense».

En ese sentido, y haciendo referencia al fallo de la Corte Suprema del año pasado a raíz de las tarifas del gas, Schwindt consideró: «La corte habló de racionabilidad y de equidad en cuanto a las tarifas, y no se está respetando ninguna de las dos cosas”.

La legisladora y miembro de la fuerza de Sergio Massa, concluyó afirmando: «Le pedimos al gobierno provincial y nacional que reflexionen. Los aumentos que pretenden imponer a la población no guardan ningún tipo de relación con el ingreso medio de una familia en nuestro país, más aún cuando estamos pidiendo que bajen los precios de la canasta básica alimentaria para aliviar el duro momento económico que atraviesa nuestro pueblo».

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Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas.

«La empresa Panamerican Energy (PAE) parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política. Lo fueron con el gobierno anterior. Y lo vuelven a ser con el actual. Aunque hoy es más grave porque dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos. Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos.»

Los productores deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo. Eso es lo que le proporcionará su mayor rentabilidad. Esos cupos de aportes son establecidos por la Secretaría de Energía. Si no cumplen, la misma autoridad sanciona a las empresas.

«Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE) , sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar (por disposición administrativa) la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos.»

«La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor.»

«Y la persecución de los trabajadores se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones. Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando.»

Las diputadas Stolbizer y Schwindt han solicitado información al Ministerio y llevaran adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.

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