La decisión de la Justicia de investigar las ramificaciones en Tucumán en el renombrado caso de droga en la que está implicado un empleado de la Salud detenido con 120 kilos de marihuana, provocó desplazamientos de personal en una repartición del Sistema Provincial de Salud.

La lupa esta puesta en la sección Automotores, ubicado en Italia y Thames de la capital tucumana, en pleno corazón de barrio Juan XXIII, donde el concejal capitalino José Luis Coronel fuera encargado hasta antes de asumir a su banca. Según trascendió, en las últimas horas, más 15 empleados de esta repartición fueron trasladados a otras áreas de SiProSa debido a la tensión que generó la investigación. El edil quien actualmente se encuentra distanciado del legislador Renée Ramírez, máximo referente del gremio de la sanidad (ATSA) en la provincia, durante los últimos días fueron blancos de criticas por una presunta vinculación con punteros acusados de narcomenudeo.

Cabe señalar que esta repartición, no solamente tiene a su cargo la reparación de vehículos de la repartición sino que también cuenta con talleres para la elaboración de barbijos, alcohol en gel, indumentaria, reparación de equipamientos y fabricación de algunos elementos ortopédicos.

Según trascendió, la decisión adoptada por las autoridades sanitarias respondieron a las presiones vinculadas a la causa que  investiga la Justicia Federal tras la detención, el 26 de octubre pasado, de un empleado del SiProSa junto a una mujer al intentar ingresar en un vehículo con casi 120 kilos de cannabis a la provincia. La investigación tiene varios indicios vinculadas a quienes autorizaron a este empleado a salir del territorio provincial por 48 horas y con certificación del COE incluida.

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“Estamos dispuestos a discutirlo. Siempre estamos abiertos a la discusión, como discutimos el Cannabis medicinal y salió una media sanción en el Congreso”, destacó la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Fue en respuesta a los consejos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, que en su informe anual del 2016 le recomendó a la Argentina modificar la ley de drogas y adaptarla al denominado fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema en el 2009.

De todos modos, la responsable del área de Seguridad advirtió que si se modifica la ley de drogas se corre el riesgo de “alentar a que otros vendan”, y agregó: “No se puede analizar el uso personal como si la droga se vendiera en una farmacia. El problema es el que vende, el que se mata por eso, el que mata a otro para manejar el negocio”.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro, aclaró al mismo tiempo que en la entidad a su cargo “no está en agenda” despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.

“No tenemos en agenda despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal a pesar de la recomendación de la JIFE”, reconoció Moro a la agencia Télam, y argumentó que “la necesidad es crear espacios terapéuticos y acciones en lo preventivo”.

Según el funcionario, la discusión sobre la ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes para uso recreativo, no configura una “prioridad” en la actualidad ya que en los últimos años “el consumo se multiplicó por tres según estadísticas de universidades privadas, por eso el presidente declaró la Emergencia Nacional en Adicciones”.

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