Pero volviendo a la primera cuestión, que desde el massismo presionan para que se trate en sesiones extraordinarias en febrero y no se convierta en un tema de campaña electoral, cabe recordar que el Senado tiene dos proyectos de ley sobre imputabilidad de menores de 18 años presentados en 2016 y que no avanzaron.

Los autores de esos proyectos son por un lado la senadora María Fiore Viñuales, del Partido Renovador de Salta y por el otro Fernando «Pino» Solanas, de Proyecto Sur. Ambos son legisladores opositores y las dos iniciativas fueron giradas oportunamente a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta.

El proyecto de Fiore Viñuales retoma la iniciativa que el Senado había aprobado en 2009 y enviado a Diputados, donde perdió estado parlamentario en 2012.

Esa iniciativa había sido consensuada entre senadores de distintas bancadas, como las peronistas Sonia Escudero, María Perceval y Teresa Quintela y el radical Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, entre otros.

El proyecto de la salteña Fiore Viñuales establece un sistema de responsabilidad penal especial para los casos de menores de entre 13 y 18 años de edad que cometan delitos que sean de acción pública o dependientes de instancia privada.

Además, subraya la inimputabilidad de los menores de 13 años y de los menores de entre 13 y 18 años respecto de delitos de acción privada o de delitos cuya pena no sea la privación de la libertad.

El régimen legal que se propone rescata los principios generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales, dice el proyecto, además de apuntar a fortalecer los vínculos familiares y sociales del menor, respetar el derecho a su formación integral, otorgar soluciones específicas, hacer participar a la víctima, garantizar la privacidad de los menores implicados y llevar adelante un juicio en un plazo razonable.

Asimismo, se proponen medidas alternativas de solución de conflictos como la conciliación y la suspensión del juicio a prueba.

En cuanto a las sanciones, dice que la justicia podrá aplicar, en orden creciente: advertencias con apercibimiento, ordenar disculpas personales a la víctima, reparar el daño causado, prestar servicios a la comunidad, inhabilitación especial, prohibiciones, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre, privación libertad en domicilio o privación de libertad en centro especializado.

Además sostiene que el encarcelamiento de los menores sólo podrá aplicarse como último recurso.

Cuando se trate de personas que tengan entre 13 y 15 años de edad podrán ser privadas de su libertad si el delito cometido conlleva una pena mínima superior a los cinco años de prisión. En ese caso, no podrán estar presos más de tres años.

En el caso de menores de 16 a 17 años, los delitos que podrían llevarlos al encarcelamiento serán aquellos con una pena mínima de prisión superior a los tres años. Al respecto, podrán estar en un establecimiento especial hasta cinco años u ocho, en el caso de haber cometido un delito en concurso real.

En tanto, el proyecto de Solanas alarga la imputabilidad a los menores de hasta 16 años y a los menores de 18, respecto de los delitos de acción privada o los reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años.

La iniciativa del senador porteño no incluye duración de las penas de cárcel, pero establece que la prisión sólo será aplicada en última instancia, de acuerdo con las circunstancias del delito cometido y si resultara imprescindible.

Las penas privativas de libertad que fueran impuestas por la Justicia se harán efectivas en institutos especializados. Si cumplieran la mayoría de edad en esas instalaciones, deberán ser trasladados a una prisión común hasta terminar de cumplir la pena.

Sólo se impondrá privación de la libertad en los casos en que el menor sea condenado por un delito grave, en el que haya cometido violencia contra otra persona o por la reincidencia a cometer delitos.

Las otras medidas de coerción existentes en el proyecto de Solanas son la libertad vigilada, la devolución del bien robado o su indemnización, la prestación de servicios comunitarios o la internación en hogares especializados.

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La recurrente discusión sobre la edad de imputabilidad penal de los menores ha vuelto a las primeras planas gracias a la saludable decisión presidencial de convocar a una mesa de especialistas con el objetivo de consensuar un proyecto de ley sobre esta delicada cuestión. Uno de los pilares de la iniciativa radicaría en reducir la edad a la que un menor puede ser sancionado penalmente desde los actuales 16 años a los 14.

La Coalición Cívica tiene una extensa trayectoria en esta temática, ya que la doctora Elisa Carrió, en coautoría con otros legisladores, ha impulsado en numerosas oportunidades proyectos de ley sobre la materia en los que se reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, se establecen pautas para la imposición de sanciones y se disponen medidas socioeducativas tendientes a la reintegración del menor a su familia y la sociedad; todo ello a la vez que se respetan todos los derechos y las garantías penales y procesales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.

Ninguna duda cabe de que la legislación vigente debe ser modernizada y que la gravísima problemática que presentan en la actualidad los menores que infringen la ley penal debe ser abordada por la dirigencia política de manera realista y sin dejarse llevar por clichés ni discursos políticamente correctos que sólo sirven para eludir el compromiso.

Dejar de imponer sanciones al menor que delinque es una afrenta al propio menor, respecto al cual el Estado renuncia a ponerle límites.

Dado que a la imputabilidad se la podría definir, a grandes rasgos, como la «capacidad para comprender la criminalidad de un acto», es decir, qué está bien y qué está mal, el Estado debe legislar de modo tal que el menor diferencie mejor entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.

Una legislación prescindente y despreocupada, que tácitamente le sugiere al menor que sus actos no tendrán consecuencias, nunca logrará que el menor advierta que va por mal camino y, en consecuencia, lo modifique. Es así que no pocos menores eligen vivir fuera de la ley y no dentro de la misma sencillamente porque no perciben la diferencia.

Está claro que si a un menor que delinque a los 14 años se le impone alguna sanción, es muchísimo más probable que la próxima vez haga mayores esfuerzos por vivir dentro de la ley y entienda que violarla no es una opción, y no que es la primera. Adicionalmente, al cumplir 18 años, el menor se encuentra con todo el rigor del sistema penal por hacer lo mismo que venía haciendo antes, lo que claramente revela una defección del Estado al no prever ni prevenir dicha situación.

Por otro lado, no puede obviarse que los menores son carne de cañón de delincuentes mayores, precisamente porque descuentan que no tendrán sanción alguna. Para reducir la delincuencia juvenil es imperioso neutralizar esta modalidad especialmente perversa, y que lamentablemente no pocas veces promueven los propios padres.

Finalmente cabe recordar que de la gran cantidad de chicos pobres, desamparados o abusados, el 99% no delinque y logra, de una u otra manera, y muchas veces heroicamente, vivir sin violar la ley ni perjudicar a terceros. Una legislación que diferencie la conducta correcta de la incorrecta es también un homenaje a ellos.

La trayectoria y los proyectos presentados demuestran acabadamente que se puede legislar de manera responsable, progresista y respetuosa de la Constitución Nacional en una materia tan sensible como esta, por lo que no dudamos en celebrar la iniciativa presidencial, confiando en que el compromiso de nuestros legisladores nacionales nos permitirá contar con el régimen penal juvenil que nos merecemos.

Guillermo Castello: Diputado provincia de Bs As por Cambiemos.

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Entre otros temas, iniciaron el análisis de las bases del proyecto de ley para la creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil. Se tomó como antecedente la ley que en 2009 fue aprobada en el Senado con amplio acuerdo de todos los bloques y que recibiera media sanción. Garavano resaltó que el Ejecutivo está propiciando el espacio para iniciar la discusión de una nueva norma jurídica que esté basada en derechos, responsabilidades y obligaciones, y que permita un abordaje temprano de la delincuencia juvenil.

En este sentido, el senador indicó que el debate debe exceder a la baja de edad de imputabilidad penal, y subrayó que es fundamental “conformar un régimen que sea integral para los menores en conflicto con la Ley Penal”.

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