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]]>La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, considera que es un proyecto oportunista y desproporcionado, toda vez que significa un atropello a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Según las distintas declaraciones al respecto, el proyecto incluye a todos los ciudadanos buscando silenciar la opinión y la libre expresión: “La democracia tiene como pilar fundamental la libertad de opinión y pensamiento por sobre todas las cosas. Penalizar la opinión sería un retroceso lamentable.”
“La diputada Garré explica que se basa en modelos europeos, sin tener en cuenta que esto es América y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha manifestado en innumerables recomendaciones el peligro de penalizar la palabra y el pensamiento. Situación que Garré debería saber, ya que fue embajadora ante la OEA durante el gobierno kirchnerista”, señaló Banfi.
Agregó Banfi que “si la iniciativa refiriese a opiniones de los funcionarios públicos y se tratara de sanciones solo administrativas, podríamos opinar que es un proyecto oportunista, pero incorporar penas de cárcel y a todo ciudadano, explica la desproporcionalidad y el largo camino que nos queda por recorrer para resolver la época más oscura de nuestra historia a través del diálogo y el intercambio de opiniones como mecanismos necesarios de toda democracia.
Por último, la diputada radical explicó que no es posible tener certeza del número de los desaparecidos. “Necesitamos información para tener precisión. Nos falta información porque los militares condenados o procesados deciden callar, mentir y ocultar. Jamás podremos saber la verdad si ellos no hablan y encubren el plan sistemático de desaparición de personas que llevaron a cabo. El silencio y la opacidad nos hacen víctimas a todos”.
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]]>La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años.
Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La ex funcionaria kirchnerista presentó la iniciativa luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , quien sostuvo que durante la última dictadura militar «no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer» personas. Afirmó que fue un «torpísimo golpe de Estado» y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que «no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras». Sus declaraciones generaron el repudio de todo el arco opositor y de los referentes de los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron a Mauricio Macri que desplazara al funcionario. Ante la ola de críticas, la Casa Rosada se despegó de la postura de Gómez Centurión y aclaró que esa no era la visión del Ejecutivo. El jefe de la Aduana emitió un comunicado en el que se disculpó, pero no se retractó.
Entre los fundamentos de su propuesta, la legisladora recordó que algunos integrantes del Gobierno negaron en los últimos meses «el alcance del terrorismo de Estado».
El proyecto
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir «un nuevo tipo penal» que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones «revisten un carácter más gravoso».
La diputada detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la ley conocida como «Verbotsgesetz» prohíbe la negación del holocausto nazi y establece: «Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión».
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