La entrada Larreta quiere que las tierras de la ex villa 31 pasen al mercado inmobiliario se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.
]]>El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en fecha 18 de septiembre de 2018 remitió a la Legislatura de la Ciudad el Proyecto de Ley N° 2736-J-2018 que tiene por objeto la re-urbanización del Barrio «Padre Carlos Mugica» (Ex Villa 31-31bis).
Este Proyecto de Ley tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario.
¿Cuáles una de las principales directrices de un proceso de integración social y urbana?
Que el Barrio Popular, en este caso, el Barrio Carlos Mugica, no sea destruido en su totalidad y reemplazada su población. Al contrario, la integración social y urbana implica que en dicho barrio se acceda en forma igualitaria a los servicios públicos y al equipamiento urbano en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad y, al mismo tiempo, que se reconozca la identidad, la cultura, la morfología, los lazos sociales y económicos que fue construyendo su actual población. Y, además, que dicha integración social y urbana sea sustentable en el tiempo, es decir, que perdure sin plazo de expiración. No constituye una verdadera integración si se permite, con el paso del tiempo, la expulsión de las familias por la presión del mercado inmobiliario frente a su debilidad económica. Integrar antes que nada es no permitir que sea el mercado inmobiliario el que decida quién puede y quién no puede vivir en la ciudad.
¿Cómo es el esquema de expulsión del barrio y de entrega de tierras públicas al mercado especulativo inmobiliario que propone el Proyecto de Ley de Larreta?
«Los cargos sobre las parcelas y/o unidades funcionales definidos en los artículos 48° y 50 podrán ser modificados en tanto se cumplan los incisos a) y b) del artículo 53 de la presente norma y además:
Es decir, la TIERRA PÚBLICA se transformará en tierra con destino a VIVIENDA SOCIAL cuando pasen a propiedad de las familias que actualmente viven en el Barrio para luego transformarse en TIERRA PARA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA cuando los futuros compradores paguen al GCBA tres (3) hipotecas y queden liberados de todo cargo social.
En definitiva, Larreta está pidiendo a la Legislatura autorización para que la tierra pública que actualmente está ocupada por un Barrio Popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario. Este proyecto de ley tiene como primer objetivo que la tierra que se encuentra fuera del comercio por ser pública, por ser de la ciudad, sea mercantilizada, es decir, ingrese al mercado inmobiliario y quede simplemente sujeta a los mandatos de criterios puramente económicos sin la necesidad de cumplir ningún fin social.
Cabe destacar que las hipotecas estarán en peso y, por lo tanto, este valor de referencia se irá licuando con el paso del tiempo. Este valor objetivo que deberá pagarse para eliminar el cargo de vivienda única dentro de diez (10) años se habrá despreciado considerablemente. Esto hará que el pago para que el suelo deje de estar destinado a vivienda social será insignificante para los interesados en hacerse de este suelo tan valioso.
Además, de acuerdo al art. 59 del proyecto de ley, el espacio aéreo no edificado puede quedar en manos del GCBA si la familia no manifiesta la voluntad de adquirir el dominio sobra dicha superficie no construida del lote y si no cuenta con los ingresos suficientes. En estos casos, el valor de la hipoteca también será inferior haciendo más accesible el pago de las tres (3) hipotecas para los futuros privados que deseen eliminar el referido cargo.
El proyecto de ley no tiene ningún esquema de protección de las familias para que el peso de las deudas y los costos económicos de la formalidad no sean un arma de presión para que decidan vender su propiedad o para que no terminen sin servicios públicos por falta de pago.
Solamente en el art. 28 se establece que:
«Artículo 28.- La autoridad de aplicación realzará las gestiones que resulten necesarias ante las empresas prestatarias de los servicios públicos, los entes reguladores y cualquier otro organismo nacional y/o local competente, a fin de posibilitar el acceso a reducciones tarifarias suficientes, para que los costos para los/as beneficiarios/as sean en la medida de sus capacidades y sin perjuicio de su subsistencia».
En el proyecto de ley, la protección de las familias queda sujeta no a un resultado cierto sino a meras gestiones cuyo éxito dependerán de la voluntad de las prestatarias de los servicios públicos. No se dispuso ningún mecanismo de subsidio, ayuda económica u otra herramienta para evitar los efectos que genera el endeudamiento o los cortes de los servicios públicos.
Los límites establecidos en el proyecto de ley en relación al tope del monto de las cuotas no incluye el importe que se deberá pagar en calidad de impuestos y servicios que se sumarán a dicha cuota, y que en conjunto erosionarán sustancialmente las economías domésticas.
En el relevamiento que hizo el gobierno en el año 2017, el 68,8 de los hogares se encontraba bajo la Línea de Pobreza.
El art. 22 del proyecto de ley establece que la Autopista Pres. Arturo Umberto Illia se transformará en un «parque metropolitano». Cabe aclarar que este «Parque» no puede considerarse un espacio verde por no contar con suelo absorbente tal como lo define el Código de Planeamiento Urbano. Además, sólo se exige el 65% de espacio verde del total de la superficie de la ex Autopista. Más allá de esto, esta decisión destruye el argumento del gobierno para forzar la relocalización de todo el sector Bajo Autopista. El gobierno expresaba que las familias por cuestiones ambientales no deberían vivir bajo una autopista. La autopista dejará de existir para transformarse en un «Parque Metropolitano». ¿Por qué el gobierno insiste en relocalizar en forma íntegra la totalidad de un sector del barrio? Para liberar en forma interrumpida tierra del Barrio para instalar nuevos comercios importados para desmantelar la economía del barrio.
Iniciativa destinada a la transformación del barrio no para sus habitantes sino para los nuevos emprendimientos que el GCBA tiene pensado para ese sector de la ciudad que es uno de los más valiosos por su ubicación.
En esta línea, en el proyecto de ley no figura de manera expresa la prohibición de desalojos forzosos del barrio.
La sociedad porteña está destinando ingente recursos (endeudamiento, venta de otras tierras públicas, recursos presupuestarios, etc) porque cree que lo mejor para la ciudad es caminar hacia la integración social y urbana de cada sector de la ciudad y que ésta perdure en el futuro. En cambio, el gobierno de Larreta está usando todos estos recursos que nos pertenecen para facilitar que los desarrolladores inmobiliarios se hagan de estos suelos tan codiciados para emprendimientos que no estarán destinados a las familias que necesitan vivienda sino para aquellos sectores de mayores recursos económicos de la sociedad y para fines financieros-especulativos.
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]]>La entrada Plan urbanístico para la Estación Colegiales se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.
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