El C\u00f3digo Civil y Comercial<\/a> que se encuentra vigente desde el a\u00f1o 2015 ha tra\u00eddo consigo una serie de avances en torno a la configuraci\u00f3n legal de la persona y su desenvolvimiento como sujeto de derecho<\/a>s. En ese sentido Gonzalo Gabriel Carranza, docente investigador que particip\u00f3 del proyecto de investigaci\u00f3n, explic\u00f3 que \u201cla nueva normativa ha puesto a nuestro pa\u00eds en una posici\u00f3n relevante a nivel internacional, sobre todo cuando se tiene en cuenta que se adoptaron legislativamente ciertos novedosos institutos que en otros Estados ya estaban en vigor o, incluso, otros que la doctrina hab\u00eda rese\u00f1ado y que por primera vez se aplicaban como ley en un pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

En ese marco, los investigadores afirmaron que result\u00f3 interesante analizar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los menores, esto es, las personas f\u00edsicas que poseen una edad inferior a los 18 a\u00f1os. El nuevo C\u00f3digo, en su art\u00edculo 25, establece una serie de gradaciones, estableciendo que es \u201csimplemente menor\u201d, aquel que tiene menos de 13 a\u00f1os; y \u201cadolescente\u201d, el que posee entre 13 y 18. Claro est\u00e1, al superar el m\u00e1ximo previsto, los sujetos son mayores de edad, plenamente capaces para ejercer sus derechos y obligaciones, salvo resoluci\u00f3n judicial que lo impida por circunstancias especiales.<\/p>\n

A nivel internacional se habla hace tiempo del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y de la progresividad que debe asumirse en relaci\u00f3n a derechos y obligaciones. Los Tratados Internacionales (muchos de los cuales son en nuestro pa\u00eds parte de la misma Constituci\u00f3n), bregan porque el desarrollo de la responsabilidad venga dado por el crecimiento, esto es, por el paso del tiempo, cuando los ni\u00f1os se convierten en adolescentes, y estos en adultos. \u201cSuponen un ambiente de desarrollo que, en ocasiones, no se da por igual entre los mismos pa\u00edses suscriptores de los Tratados e, incluso, dentro de cada uno de ellos\u201c, aclara Carranza.<\/p>\n

El C\u00f3digo Civil y Comercial, para tratar de receptar este movimiento, estableci\u00f3 una serie de prescripciones para los menores adolescentes, por ejemplo, determinado que tienen plena capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo en tratamientos m\u00e9dicos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad f\u00edsica.<\/p>\n

Sobre esto, la directora del proyecto, Claudia Zalazar, asegur\u00f3 que \u201cla norma, tal cual est\u00e1 redactada, presenta una serie de problemas. Por ejemplo, abre la puerta a una serie de decisiones propias de los menores que, muchas veces, tienen consecuencias graves para su futuro como adultos. Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cAdem\u00e1s, no tiene en cuenta la cuesti\u00f3n de la asunci\u00f3n del coste material que poseen las intervenciones m\u00e9dicas, ni tampoco los problemas derivados de la especial relaci\u00f3n que poseen los m\u00e9dicos con los pacientes \u2013en este caso, menores-, que incluye un halo protegido por el derecho m\u00e9dico, el derecho a la salud, el derecho del consumo o el derecho de da\u00f1os\u201d.<\/p>\n

Los especialistas agregan que el hecho de tomar decisiones sobre el cuerpo implica un grado de madurez que no s\u00f3lo reside en ponerse un piercing o hacerse un tatuaje, ya que puede suponer una modificaci\u00f3n est\u00e9tica o, incluso, trasuntar en decisiones que ata\u00f1en una cuesti\u00f3n vital, como recibir o no una transfusi\u00f3n de sangre.<\/p>\n

Al momento de legislar, la t\u00e9cnica y el uso de institutos de avanzada del derecho comparado muestran un cambio concreto al corto plazo, pero dejan de lado los problemas que se pueden producir al mediano o largo plazo. Con respecto a esto, los investigadores sostienen que este es uno de esos casos, en los que un cambio puede tratar de convertir a la sociedad en una de avanzada, pero que no recuerda lo compleja que es la vida antes de la mayor\u00eda de edad, no s\u00f3lo por los cambios f\u00edsicos, sino tambi\u00e9n por los cambios psicol\u00f3gico<\/a>s influenciados por la moda social o el capricho personal.<\/p>\n

Como resultado, la norma, como hoy est\u00e1 prescrita, abre el juego a la judicializaci\u00f3n<\/a> de los casos y a la necesidad de obtener respuesta del aparato de justicia para resolver los numerosos conflictos que puedan suscitarse, los que exceden el \u00e1mbito familiar e incorporan a otros tantos actores, como los hospitales, sus comit\u00e9s de bio\u00e9tica<\/a> (en aquellos lugares en los que realmente existen), y a los profesionales de la salud y del derecho.<\/p>\n

\u201cLa autonom\u00eda pretendida, as\u00ed, suscita una serie de problemas que dan cuenta del conflictivo proceso existente en tratar de conciliarla con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d, concluye el equipo.
\n
\nSobre los investigadores y la financiaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n fue dirigida por Claudia E. Zalazar, docente de la Universidad Blas Pascal y Magistrada del Poder Judicial de la Provincia de C\u00f3rdoba. Ha impulsado el debate en numerosas tem\u00e1ticas relativas a los problemas derivados de la regulaci\u00f3n de la salud y, a ra\u00edz de ello, tom\u00f3 la iniciativa para crear la Sala de Derecho a la Salud en el Instituto de Investigaci\u00f3n en Ciencias Jur\u00eddicas (IDI-CJ) de la Universidad Blas Pascal<\/p>\n

Tambi\u00e9n, particip\u00f3 en la direcci\u00f3n Gonzalo Gabriel Carranza, profesor e investigador del \u00c1rea de Derecho Constitucional de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid y Doctorando en Derecho, Gobierno y Pol\u00edticas P\u00fablicas por la misma Universidad, quien se incorpor\u00f3, adem\u00e1s, a la Sala.
\nPara su ejecuci\u00f3n, el Proyecto obtuvo financiaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Investigaci\u00f3n y Desarrollo de la Universidad Blas Pascal.<\/p>\n

Constanza Villanueva<\/p>\n

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