En un comunicado reciente, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (o CIDH) urgi\u00f3 al Estado argentino a \u201cdar pronta respuesta a la decisi\u00f3n del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenci\u00f3n Arbitraria (o GTDA) que califica la detenci\u00f3n preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberaci\u00f3n inmediata\u201d. Esta intervenci\u00f3n de un organismo internacional nos coloca en una situaci\u00f3n compleja, frente a la cual debemos preguntarnos: \u00bfcu\u00e1l es el curso de acci\u00f3n m\u00e1s responsable desde el punto de vista institucional?<\/p>\n

Ante todo, corresponde remitirse a los t\u00e9rminos del comunicado. All\u00ed la CIDH considera, de forma indirecta y ambigua, que la prisi\u00f3n preventiva dictada en contra de Sala constituy\u00f3 una \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d de su derecho a la libertad de expresi\u00f3n, refiriendo brevemente que luego \u201cse le imputaron otros cargos\u201d, pero sin siquiera desarrollar este \u00faltimo punto. Puede que ah\u00ed se encuentre el nudo de este gran mal entendido internacional que ha puesto en entredicho -sin mayores argumentos- la existencia del Estado de Derecho en Jujuy.<\/p>\n

La detenci\u00f3n en el marco del \u201cacampe\u201d, eufemismo con el que se denomin\u00f3 la ocupaci\u00f3n violenta del centro de San Salvador de Jujuy ordenada por Sala a principios de a\u00f1o, ces\u00f3 a los pocos d\u00edas. La causa en la que se dict\u00f3 su prisi\u00f3n preventiva no se relaciona en modo alguno con el derecho a la libertad de expresi\u00f3n de esta dirigente. En ella se investiga, en cambio, una estructura mafiosa que se emple\u00f3 para desviar fondos p\u00fablicos destinados a la construcci\u00f3n de viviendas sociales mediante la intimidaci\u00f3n y la extorsi\u00f3n de cooperativistas.<\/p>\n

Sala, como cabeza de esta asociaci\u00f3n il\u00edcita, instal\u00f3 un clima de perpetua violencia entre los m\u00e1s vulnerables y lleg\u00f3 a defraudar m\u00e1s de 1.200 millones de pesos argentinos correspondientes al erario p\u00fablico. 1.836 viviendas jam\u00e1s fueron construidas a causa de este fraude, a pesar de haber sido pagadas en su totalidad (incluso con reajustes de precios), mientras otras 524 otras a\u00fan est\u00e1n inconclusas.<\/p>\n

Es fundamental, entonces, disipar este primer mal entendido. La libertad de expresi\u00f3n de Sala no ha sido afectada sencillamente porque es un derecho que no se relaciona con la causa por la que hoy se encuentra detenida. En \u00e9sta, el Juez de Control decidi\u00f3 que los requisitos de la prisi\u00f3n preventiva contenidos en el C\u00f3digo Procesal Penal de Jujuy se hallaban satisfechos, ya que este instituto puede aplicarse cuando la potencial condena no sea de ejecuci\u00f3n condicional; exista plena prueba del hecho y semiplena de la culpabilidad del imputado; y concurra peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Estamos frente a una decisi\u00f3n que fue confirmada tanto por la C\u00e1mara de Apelaciones y Control como por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, y que a\u00fan puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. \u00c9ste \u00faltimo punto es fundamental, ya que se vincula en forma directa con la competencia de la CIDH.<\/p>\n

Como sabemos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa un mecanismo de protecci\u00f3n subsidiario. \u00danicamente interviene cuando el presunto damnificado agot\u00f3 todas las v\u00edas internas de protecci\u00f3n (art. 46 \u2013 inc. 1\u00ba \u201ca\u201d del Pacto de San Jos\u00e9). Este requisito s\u00f3lo cede si en el Estado en cuesti\u00f3n no existe el debido proceso legal para la protecci\u00f3n del derecho en cuesti\u00f3n; o no se le ha permitido al presunto damnificado el acceso a los recursos de la jurisdicci\u00f3n interna; o se produce un retardo injustificado en su tratamiento.<\/p>\n

En este sentido, nadie ha puesto en duda la existencia de recursos internos en la Argentina que permiten tutelar los derechos pretendidamente vulnerados. La defensa de Sala los interpuso, y han recibido el tratamiento adecuado en numerosos pronunciamientos. As\u00ed, la regla seg\u00fan la cual debe agotarse la jurisdicci\u00f3n interna en forma previa a la admisi\u00f3n por la CIDH de una petici\u00f3n resulta plenamente aplicable.<\/p>\n

De hecho, diversos errores de la defensa t\u00e9cnica de Sala en el c\u00f3mputo de los plazos para interponer los recursos y en la elecci\u00f3n de los tribunales ante los cuales correspond\u00eda su presentaci\u00f3n llevaron a que sus impugnaciones se tornen extempor\u00e1neas e inadmisibles. Sin embargo el Superior Tribunal de Jujuy, teniendo a su disposici\u00f3n la posibilidad de invocar estos errores formales para zanjar la cuesti\u00f3n, aun as\u00ed ingres\u00f3 en el tratamiento de los distintos agravios desde la \u00f3ptica de la garant\u00eda de defensa en juicio (con cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).<\/p>\n

Tampoco ha dictado esta comisi\u00f3n una medida cautelar de observancia obligatoria para el Estado argentino. Llama la atenci\u00f3n que haya elegido, en cambio, la emisi\u00f3n de un comunicado de prensa que poco o nada tiene que ver con su funci\u00f3n. En \u00e9ste, la CIDH no se pronuncia respecto de la causa en la que se dict\u00f3 la medida de prisi\u00f3n preventiva y nada dice sobre el peligro procesal -plenamente fundamentado- que llev\u00f3 a los jueces a ordenarla.<\/p>\n

As\u00ed llegamos al punto central de la cuesti\u00f3n: la desinformaci\u00f3n. Se ha desplegado en los \u00faltimos meses una construcci\u00f3n medi\u00e1tica de Milagro Sala como m\u00e1rtir de los despose\u00eddos que resulta un insulto a la memoria colectiva de los juje\u00f1os, quienes padecieron la corrupci\u00f3n y violencia de esta dirigente durante a\u00f1os. Y ello es especialmente cierto en relaci\u00f3n con los m\u00e1s vulnerables, sobre los que Sala ejerci\u00f3 un autoritarismo casi sin l\u00edmites. Es precisamente esa capacidad de subordinaci\u00f3n y dominio el factor que tuvieron en cuenta los distintos tribunales a la hora de analizar la posibilidad de que Milagro Sala entorpeciera la investigaci\u00f3n al ejercer su influencia sobre los testigos.<\/p>\n

De un reciente informe de Fiscal\u00eda de Estado surge que uno de los denunciantes tuvo que esconderse en su propio hogar y cubrirse detr\u00e1s de su camioneta luego de escuchar ruidos de motocicletas y de disparos, hallando despu\u00e9s impactos de plomo en la puerta. Otra integrante de estas cooperativas recibi\u00f3 ese mismo d\u00eda un mensaje seg\u00fan el cual iban a \u201chacerla boleta\u201d (es decir: a matarla) si no retractaba su declaraci\u00f3n; para evitarlo, deb\u00eda afirmar que la hab\u00eda brindado \u201cpor presi\u00f3n del gobierno\u201d. En ese informe se detallan varios episodios en los que la polic\u00eda, en el marco de distintos allanamientos a los domicilios de Sala, encontr\u00f3 a sus subordinados extrayendo y ocultando documentos y otras pruebas de relevancia para la causa.<\/p>\n

Por su parte, el Superior Tribunal cit\u00f3 los testimonios de testigos que hab\u00edan sido amenazados y directamente violentados por Sala en diversas oportunidades. Uno de estos cooperativistas fue golpeado por la dirigente, quien tambi\u00e9n le dijo que \u201cno le temblaba la pera para ponerle un fierro\u201d a su hijo \u2013esto es: que estaba dispuesta a matarlo-. Otros relataron que Sala, junto a su patota, amenazaba con \u201chacer cagar\u201d o \u201cllevar a pasear al dique\u201d (propinar una paliza, en referencia a otro \u201cajusticiamiento\u201d ordenado por ella) a quienes no entregaran las facturas ap\u00f3crifas por obras no realizadas, que luego eran usadas para el libramiento de cheques que deb\u00edan ser endosados por los cooperativistas a favor de terceros vinculados con la dirigente. \u00c9sta recib\u00eda el dinero, finalmente, en su domicilio particular.<\/p>\n

Los trabajadores deb\u00edan obedecer a Sala o arriesgarse a perder su trabajo, sus planes sociales o hasta sus viviendas. Esta amenaza se reitera una y otra vez en los testimonios rendidos en la causa. La dirigente empleaba \u201ccasos ejemplificadores\u201d como el de Mart\u00edn Cardozo, quien se apart\u00f3 de la red y \u201cperdi\u00f3 todo\u201d, para infundir temor y evitar que cuestionen su poder. Uno de los denunciantes asegur\u00f3 que allegados a Sala \u201cdeambulan\u201d por su domicilio y arrojan bombas de estruendo en la entrada con fines intimidatorios.<\/p>\n

Son casos que demuestran el riesgo para la investigaci\u00f3n que se verificar\u00eda si Sala recupera la conducci\u00f3n de la organizaci\u00f3n informal y sumamente verticalista que dirigi\u00f3 todos estos a\u00f1os. Este peligro, omitido por completo en el comunicado de la CIDH, presenta el costado m\u00e1s preocupante de la situaci\u00f3n. No es s\u00f3lo posible sino tambi\u00e9n esperable que los testimonios de los cooperativistas se alteren si se levanta la prisi\u00f3n preventiva. Someterlos a tal situaci\u00f3n de desamparo en el marco de un proceso en el que demostraron integridad y valent\u00eda para efectuar las denuncias correspondientes constituir\u00eda un acto de gran irresponsabilidad procesal y de desprecio por sus derechos fundamentales.<\/p>\n

Todas estas cuestiones son evadidas una y otra vez por la defensa de Sala, que hizo de su calidad de parlamentaria del Mercosur el argumento central de aquellas presentaciones que fueron efectivamente impulsadas, ya que la mayor\u00eda de los recursos no fueron debidamente promovidos. Ahora bien, el Superior Tribunal resolvi\u00f3, con cita de la C\u00e1mara Nacional Electoral y de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, que Sala no tiene inmunidad de arresto, ya que \u00e9sta \u201cno puede ser creada ni extendida por una Ley de rango inferior a la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Esto es as\u00ed incluso en la interpretaci\u00f3n de la defensa de Sala, que invoca la ley N\u00ba 27.120, ya que esta norma equipara a los parlamentarios del Mercosur a diputados nacionales en todo aquello que no est\u00e9 previsto en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y existe una regulaci\u00f3n espec\u00edfica de la cuesti\u00f3n en este \u00faltimo texto, cuyo art. 12.2 no reconoce la inmunidad de arresto.<\/p>\n

La CIDH incurre nuevamente en este equ\u00edvoco en el marco de su comunicado, lo que resulta preocupante. La interpretaci\u00f3n del Superior Tribunal de Justicia puede ser cuestionada por la defensa de Sala ante la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, pero no es admisible que organismos de gran prestigio como la CIDH sigan invocando esta supuesta inmunidad de arresto sin siquiera referirse a las diversas decisiones judiciales que niegan su existencia.<\/p>\n

Sucede que pronunciamientos como este comunicado, que afectan gravemente a la Rep\u00fablica Argentina en el plano internacional, deben contar con toda la informaci\u00f3n del caso, y sus fundamentos deben ser correctamente desarrollados. La CIDH impl\u00edcitamente supone, cuando \u201curge al Estado\u201d a que intervenga sobre una decisi\u00f3n del Poder Judicial, que la divisi\u00f3n de poderes no existe en Jujuy, y que esta detenci\u00f3n responde a una persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Es una acusaci\u00f3n muy grave, que no ha sido acompa\u00f1ada por prueba o indicio alguno.<\/p>\n

Como es de p\u00fablico conocimiento, la totalidad de los magistrados y funcionarios que intervinieron en este proceso fueron designados con anterioridad a que Gerardo Morales asuma el gobierno. De hecho, son jueces que en su mayor\u00eda nombr\u00f3 el gobernador anterior, un c\u00f3mplice de Sala. En las causas han sido imputados funcionarios de la Municipalidad de la Capital de Jujuy del mismo signo pol\u00edtico que el actual Gobierno. La Justicia juje\u00f1a es independiente.<\/p>\n

La CIDH tampoco se\u00f1ala vicio alguno en el proceso que enfrenta Sala pesar de haber \u201cseguido de cerca esta situaci\u00f3n\u201d, sin expresar qu\u00e9 garant\u00eda se estar\u00eda violando en el caso. Se limita, en cambio, a caracterizar como \u201cprolongada\u201d la detenci\u00f3n de la dirigente, lo que en s\u00ed no dice nada sobre la legitimidad de la medida. Cabe reiterar, entonces, la pregunta inicial: \u00bfcu\u00e1l es la decisi\u00f3n m\u00e1s responsable que puede tomar el Estado frente a este comunicado?<\/p>\n

Tiene dos alternativas. Puede intervenir sobre el Poder Judicial de Jujuy para revertir una decisi\u00f3n adoptada en su seno, obviando la ausencia de una medida cautelar que as\u00ed lo indique y bas\u00e1ndose pura y exclusivamente en un comunicado desprovisto de cualquier an\u00e1lisis concreto y espec\u00edfico de la cuesti\u00f3n, lo que perjudica no s\u00f3lo el proceso de investigaci\u00f3n en el marco de esta causa sino que tambi\u00e9n pone en peligro a sus testigos.<\/p>\n

O puede dejar que la decisi\u00f3n avance por los carriles institucionales correspondientes, que prev\u00e9n el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n interna con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. Cualquiera que crea en la institucionalidad como atributo republicano debe inclinarse por esta \u00faltima opci\u00f3n.<\/p>\n

Y es que los mecanismos institucionales existen precisamente para resolver conflictos que de otra forma se procesar\u00edan a trav\u00e9s de la violencia o la lucha facciosa. En el caso, la defensa de Sala estuvo presente en todos los actos de producci\u00f3n de prueba de la causa. Tuvo acceso a todas las actuaciones, y todas sus impugnaciones fueron debidamente atendidas. La CIDH no ha librado una cautelar, en raz\u00f3n de que no es competente para ordenar tal medida conforme los arts. 31 y 33 de su reglamento.<\/p>\n

Las distintas decisiones que resolvieron o mantuvieron la prisi\u00f3n preventiva son a\u00fan recurribles ante la Corte Suprema y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son tribunales superiores que pueden, llegado el caso, confirmar o enmendar conforme a derecho lo actuado por la Justicia juje\u00f1a.<\/p>\n

No es responsable desconocer la importancia de estas instancias, o su aptitud para resolver los conflictos. Despu\u00e9s de todo, es por creer en ellas que la Rep\u00fablica Argentina se ha sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n

Cabe, por \u00faltimo, reiterar la invitaci\u00f3n que Canciller\u00eda oportunamente le extendiera tanto al GTSD como a la CIDH a fin de que estos organismos puedan constituirse en la provincia y, de esa forma, acceder sin intermediarios a todas las causas que involucran a Milagro Sala y verificar las condiciones en las que aquella se encuentra detenida. Existe un gran n\u00famero de malos entendidos que pueden despejarse con una visita semejante, que adem\u00e1s demuestra la vocaci\u00f3n de transparencia de la Justicia juje\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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