Padre de la Democracia

Este personaje, Milei, que jugaba al box pegándole golpes a una máscara de Raúl Alfonsín; cerró un insólito acuerdo con Patricia Bullrich decidido por Mauricio Macri en la señal de cable TN, un contrasentido porque cosechó millones de adherentes (y voluntades en las urnas) exhibiéndo su firme convicción de eliminar a la «casta».

Raúl Alfonsín agraviado hoy por Milei y TN co-protagonista del acuerdo de este díscolo candidato de La Libertad Avanza con La Piba (Bullrich) me permiten recordar aquel papel que tuvieron antes y durante Semana Santa en 1987, dos medios periodísticos cuando los levantamientos «carapintadas» contra los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos.

La Nueva Provincia, diario de Bahía Blanca, medio afín a la reivindicación de la Dictadura Cívico-Militar, realizó una entrevista al militar Ernesto Barreiro quien, en Córdoba, se había acuartelado para anunciar que desconocía a la Justicia. Horas más tarde comenzarían a atrincherarse en Campo de Mayo otros oficiales.

A Barreiro, lo habían identificado como torturador los sobrevivientes de La Perla, el mayor centro clandestino de detención de Córdoba. Había decidido no concurrir a prestar declaración a la Cámara Federal de Córdoba. Se atrincheró en el Regimiento de Infantería 14. Y 24 horas más tarde irrumpió en Campo de Mayo Aldo Rico, tras recalcar que «este es el Ejército que combatió a la subversión y estuvo en Malvinas”.

Una vez tomada la Escuela de Infantería en esa unidad militar, asumió el protagonismo mediático en virtual rol de vocera de los «carapintadas» dentro de Campo de Mayo, Radio Mitre que ya había asomado NO EN LOS PAPELES AÚN SINO DE HECHO como el primer medio periodístico adquirido por Ernestina de Noble y Héctor Magnetto que comenzaban a parir el Grupo Clarín.

Tuvieron que esperar a que Carlos Menem derogara el artículo 45 de la hoy antigua Ley de Radiodifusión para construir desde la primigenia Radio Mitre más Canal 13 el monopolio (medios concentrados) más escandaloso del mundo.

Radio Mitre le realizó un reportaje absolutamente complaciente al coronel Rico, quién no reconoció que durante la Dictadura se hubieran cometido excesos sino que se trataron de «errores».

Tan increíble resultó esa nota que llevó al titular de la Cámara baja en el Congreso, Juan Carlos Pugliese a declarar horrorizado que «lo único que falta es que hagan un golpe de Estado por los medios de comunicación».

Asomaron tras esas negociaciones las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El colmo del rol reprobable de los medios fue el recorte de la frase con la cual Raúl Alfonsín (respaldado en Campo de Mayo por Antonio Cafiero -PJ-) salió a saludar a la multitud que aguardó el desenlace del alzamiento carapintada. En entonces jefe de Estado señaló «la casa está en orden y no hubo derramamiento de sangre».

La TV, los diarios y radios sólo difundieron la frase «Felices Pascuas, la casa está en orden». Serrucharon de manera premeditada las palabras «y no hubo derramamiento de sangre» para exhibirlo débil, frágil algo que necesitaban empezar a programar por imperio del poder real (Círculo Rojo) la hiperinflación que terminaría por provocar su ida de la Presidencia seis meses antes de la finalización de su mandato.

Homenaje en todas las plazas del país

Hoy a 40 años de aquel triunfo de la UCR, en el país en todas las plazas de las principales ciudades el centenario partido organizó actos homenaje a la figura del Padre de la Democracia.

En ANDigital volvemos a transcribir, actualizado, parte de lo señalado en un Panorama publicado el 30 de octubre de 2014. Es para recordar la valentía y coraje de Raúl Alfonsín y para contrarrestar tanta campaña en contra que impulsaron algunos medios de comunicación en Semana Santa del 87 y dirigentes de la derecha vernácula que hoy se exhiben cerca de Macri y Bullrich más un Javier Milei que no para de atacar la figura del Líder radical.

40 años atrás

Ese 30 de octubre por la noche, el caudillo oriundo de Chascomús decidió que iba a asumir el 10 de diciembre de 1983, en el Día Universal de los Derechos Humanos con lo que estaba dando un primer mensaje esclarecedor al mundo: Argentina no iba a pactar con las Fuerzas Armadas alguna transición democrática.

La Argentina venía de padecer la peor tragedia tras haber vivido la noche más larga y tenebrosa de su historia porque la última dictadura cívico-militar había dejado un saldo de 30 mil desaparecidos y 500 niños robados con sus identidades cambiadas y dados en adopción “ilegal” de los cuales 133 pudieron recuperar las Abuelas de Plaza de Mayo hasta hoy octubre de 2023.

Las crónicas indican que tras aquel triunfo del 30 de octubre del 83, entre las primeras medidas de gobierno que adoptó, Alfonsín firmó el decreto 158 que establecía el juicio a los ex comandantes (tenientes generales Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri; los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; y los brigadieres generales Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo) que integraron las tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El motivo, su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional; también derogó la ley de pacificación nacional (Nº 22.924) que había firmado el presidente de facto Reynaldo Bignone, porque constituía una virtual autoanmistía; y, para llevar adelante los juicios, decidió reformar el Código de Justicia Militar, en el punto que establecía que los militares sólo podían ser juzgados por sus pares.

Y a tan solo cinco días de ocupar el poder, el nuevo presidente, firmó el decreto 187, que creó la CoNaDeP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para esclarecer los hechos violatorios a los derechos humanos del gobierno militar. El libro “Nunca Más” fue el informe de la CoNaDeP que reveló el secuestro sistemático de hombres mujeres y niños, la existencia de alrededor de 340 centros de detención bien organizados, y el uso metódico de tortura y asesinato. Reunió información sobre 8.960 personas secuestradas y desaparecidas, aunque luego, con la incipiente labor de los organismos de derechos humanos se llegó a concluir en que fueron 30 mil los desaparecidos.

Para explicar el valor que alcanzó en el mundo aquella decisión de Alfonsín, apelo a tres opiniones vertidas en la Argentina en la semana del 24 de marzo de 2014: Por un lado, la de Camila Vallejos, exsecretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, quien dijo al diario Página/12 que “los jóvenes chilenos no somos hijos de la democracia, sino de la post-dictadura, no existe la democracia plena”.

Es que en el Cono Sur, todos los gobiernos democráticos pactaron con las fuerzas armadas mientras que en la Argentina Raúl Alfonsín decidió juzgar a los represores, nunca los indultó (lo hizo Carlos Saúl Menem…) y llegó hasta donde pudo en una etapa de plena consolidación de las políticas neoliberales en el mundo y en un país en el que el empresariado nacional y las multinacionales avivaban el fuego de la hiperinflación que terminó en un golpe de Estado económico entre otras cosas porque el ex mandatario había tenido la osadía de impulsar aquellos juicios.

El segundo testimonio corresponde a Jorge Torlasco, excamarista que juzgó a los militares quien nos dijo a los periodistas: “Yo no voy a hablar mal de los jueces actuales pero lo que recuerdo es que nosotros tuvimos que actuar contra todas las opiniones y las evidencias; nuestros mismos colegas de la Justicia no nos vinieron a ver al Juicio a las Juntas. Opinaban que nosotros estábamos haciendo algo que era político y no era jurídico, fue terrible. Estábamos solos”.

Y en el programa 6,7,8 de la TV Pública, Macarena Gelman, nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman dijo que “en Uruguay lamentablemente no tuvimos la suerte de tener un juicio a las juntas”.

La revancha de Raúl Alfonsín

Hay un dato fundamental para entender por qué hoy cobra vigencia la valentía del Padre de la Democracia. Y lo visionario que fue siempre.

Tras los alzamientos militares del 87 que lo acorralaron para terminar por enviar al Congreso los proyectos de Punto Final y Obediencia Debida; y su entrega del mando presidencial seis meses antes en el 89, siempre creyó que iba a existir una revancha en el campo de los derechos humanos. Una vez le confesó al lamentablemente fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde su convencimiento de que los genocidas no iban a poder escaparse de la responsabilidad del “robo de bebés”. Tarde o temprano, remarcaba en voz baja Alfonsín, haber cometido ese delito inédito en el mundo, los iba a devolver al “banquillo de los acusados”, como sucedió desde 2003.

Sabía de la fortaleza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; seguía con atención los pasos del juez español Baltasar Garzón y tenía la certeza de que algún día iba a existir una reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad pero para ello debía dar un paso trascendental: Su revancha fue impulsar la incorporación en la Constitución Nacional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Lo hizo en la Convención de Reforma de la Carta Magna desarrollada en Santa Fe en 1994. Siendo principal impulsor del otorgamiento de Jerarquía Constitucional a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio que permitió incorporar a la Constitución los postulados de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Aldo Rico era convencional constituyente en 1994 y sabía que significaba la incorporación de los Tratados que impulsaba el ex presidente radical. Preso de ira se retiró del recinto para eludir el debate, junto a una decena de convencionales que compartían su rechazo a la iniciativa.

Tan visionario fue Alfonsín, que esa incorporación permitió que en la Argentina, apelando a las figuras de genocidio e imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, se pudiera juzgar y condenar en 2014 a los represores que perpetraron en agosto de 1972 la “Masacre de Trelew”.

En lo que tiene que ver con los Juicios por la Verdad, hoy se siguen condenando a represores y cada vez que los jueces dan a conocer sentencias condenatorias contra los genocidas en los Juicios por la Verdad se leen denuncias y pruebas que en su gran mayoría fueron recopiladas en aquel histórico juicio a las juntas y merced a la labor de la CoNaDeP.

Jorge Rafael Videla dijo en marzo de 2014 a la revista española “Cambio 16” que lo peor que les pasó a los militares fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Todo un elogio para la política de derechos humanos del 2003 en adelante.

Termino esta columna de opinión reiterando el lamento de Macarena Gelman, la nieta del escritor Juan Gelman: “En Uruguay no tuvimos la suerte de tener un juicio a las juntas”. En la Argentina sí. Fue por decisión de Raúl Alfonsín. Con uno y mil errores en la gestión y con las leyes del perdón que yo nunca pude digerir. Sin el juicio a las juntas y la Labor de la CoNaDeP a Kirchner le hubiera resultado mucho más difícil, casi imposible, llevar adelante su iniciativa de juzgar a los genocidas y desempolvar las causas que permanecieron abiertas merced a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta del juez español Baltasar Garzón.