Mediante el Decreto 883/2020, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, se publicó este jueves la novedad en el Boletín Oficial, que permitirá el autocultivo de Cannabis y la venta en farmacias para uso medicinal.

El texto oficial primero marca lo que sucedía con el Cannabis medicinal en Argentina, cuyas restricciones provocaban que solo estuviera autorizado para quienes «se incorporaran a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, y económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación».

«Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica», se marca en el texto oficial publicado hoy.

La decisión se toma porque si bien en la Ley 27.350 sancionada años atrás se había creado un registro nacional voluntario con el objeto de facilitar el acceso gratuito al aceite de Cannabis y sus derivados que la Ley en mención garantiza el mismo «no se encuentra operativo».

Todas «las restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del Cannabis por parte de la población y como respuesta a ello, un núcleo significativo de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de Cannabis a través de las prácticas de autocultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social».

Sin la nueva reglamentación las familias que atravesaban la enfermedad, cuando tenían a su alcance la posibilidad de atenuar los dolores, adoptaron un rol activo, «aun asumiendo el riesgo de ser condenadas por la normativa penal vigente».

Asimismo, en el texto se marca que expertos de la Organización de la Salud (OMS) «recomendaron eliminar el Cannabis y el aceite de Cannabis de la Lista IV, la categoría más estrictamente controlada en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes».

Por lo tanto, para el Gobierno nacional «reglamentar adecuadamente el acceso al cultivo controlado de la planta de Cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, implica cumplir el objeto de la Ley N° 27.350, de garantizar y promover el cuidado integral de la salud, y el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que se establezcan».

«Que un Estado presente, en el que la Salud Pública es un eje prioritario, demanda establecer las condiciones necesarias para que la accesibilidad de sustancias para su uso medicinal responda a estándares de calidad y seguridad sanitarios», se agrega en el Boletín Odicial.

«La presente reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan Cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos», completa.

Asimismo, también se busca «alentar la investigación en la materia, promover la capacitación de los profesionales de la salud, ponderar el rol de los médicos en el acompañamiento de los usuarios y las usuarias del Cannabis y sus derivados con el objetivo de lograr su uso informado y seguro».

«El acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud», señala la reglamentación oficial.

También, se le otorga al médico «un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes» y se contempla la provisión «en forma gratuita por parte del Estado» de derivados de la planta a quienes tengan «indicación médica».

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También, el cuerpo aprobó un proyecto de Leandro Busatto considerado por diputados la semana anterior, el cual solicita la implementación de las acciones tendientes a la protección y mejoramiento de la Salud Pública, mediante políticas integrales relacionadas al Cannabis. Ahora deberá ser tratado por diputados.

Asimismo, el Senado otorgó media sanción al proyecto que modifica algunos artículos de la Ley de Servicio Provincial de Enseñanza Privada, conocida como “ley de despidos arbitrarios”.

En otro orden, a instancias del senador por La Capital, Emilio Jatón, obtuvo sanción definitiva el Proyecto de Ley proveniente de la Cámara de Diputados que solicita la prorrogación por el plazo de dos años la vigencia de la ley N° 13317 y su modificatoria ley N° 13439, a favor de la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

Entre otros asuntos tratados, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley llevado adelante por el senador del departamento Constitución, que declara ciudad a la localidad de Alcorta.

Además, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de Ley que tiene como autor al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, que incorpora un inciso al artículo 137 del Código Fiscal que quedará redactado de la siguiente manera: “Las operaciones de la sección Consumo o Proveeduría efectuadas por cooperativas con locales de venta al público en jurisdicción de la Provincia, incluyendo las ventas o prestaciones de servicios de las Redes de Compra de Cooperativas de primer o segundo grado, constituidas con el objeto de adquirir bienes o servicios o prestar servicios para sus propios miembros, a quienes se los transfieren al mismo precio de adquisición o estrictamente al costo de prestación del servicio sin plus, comisión o adicional alguno, para que estos, a su vez, los comercialicen en forma minorista o las utilicen en sus actividades productivas o comerciales”.

Luego, se aprobó con sanción definitiva la iniciativa proveniente de diputados que dispone la utilidad pública y la expropiación de los inmuebles del patrimonio Municipal, para fines Culturales, Educativos, Deportivos, Turísticos y productivos (Club Social Deportivo y Cultural Arno, Casa de Visitas del Ingenio Arno y Administración del Ingenio Arno).

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Sosa explicó: “Promovemos un proyecto que permite el acceso a esta droga sin miramientos, por eso considera el autocultivo y plantea la nacionalización de la producción. Daremos una importante lucha para que se apruebe de esta manera. Cambiemos y el Frente Renovador han presentado dictámenes que restringen enormemente acceder al cannabis para las familias, dado que solo autoriza una importación limitada y de un solo tipo de aceite, lo que lo encarece y demora el acceso, algo imposible en la medida que se trata de personas que están sufriendo y deja afuera a miles de pacientes que requieren directamente las flores de cepas específicas de la planta. El dictamen de consenso es el único que se orienta a los pacientes y no a los laboratorios”.

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