Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quedaron procesados este miércoles por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé quien además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según consta en el fallo de 172 páginas al que accedió Télam.
En la misma resolución, el magistrado también procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.
El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que «al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018» el director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora Majdalani «impartieron órdenes» al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine «un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal».
Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido «en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural».
Por su parte, Martín Coste, quien asumió como Director de Contrainteligencia en junio de 2018, «conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas», sostuvo el juez en su resolución.
Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo a los investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo “detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quiénes ingresaban y salían” del domicilio de la entonces senadora nacional Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, algo de lo que no dieron cuenta.
La actividad que los espías en realidad tenían que realizar era vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado en el marco de las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 2018.
El magistrado relató además que después de llevar a cabo las maniobras de espionaje ilegal y tras ser descubiertos, los procesados Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, «entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales».
Sobre cómo fueron las maniobras de espionaje, el juez narró que «desde fines del mes de julio y los días previos al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación» frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner.
«La tarea encomendada tenía por objetivo obtener información, mediante la producción de inteligencia, como así también la de almacenar datos sobre la nombrada Cristina Fernández, por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno», expuso el magistrado.
Para realizar el espionaje «se instaló personal de la AFI dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos», mientras que, «por las noches, se colocaron lo que en la jerga se denomina ´autos de técnica´, que consiste en estacionar un vehículo en cercanías de los domicilios con una cámara en su interior para filmarlos y registrar lo que sucedía», según consta en el fallo.
La finalidad de la vigilancia ordenada a los agentes «era la de observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero. También debían informar si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos», escribió el juez Augé.
Hacia el final de su resolución, el juez relató cómo era la naturaleza del vínculo entre Ruiz y los exjefes de la AFI y describió que, si bien dependía de contrainteligencia, el director de operaciones especiales y primer procesado de este expediente tenía vínculo directo con la cúpula de la central de espías.
«Es importante destacar que, tal como surge de la prueba colectada, cuando Alan Ruiz comenzó a trabajar en la AFI, algunos agentes le habían presentado diferentes trabajos vinculados con tareas relacionadas a narcotráfico y recaptura de evadidos o prófugos y, ante ello, éste manifestó que eran trabajos de carácter policíaco y que tanto Gustavo Arribas como Silvia Majdalani, tenían interés en que se lleve a cabo ´trabajo político´», sostuvo el magistrado.
El juez sostuvo que hay suficientes elementos que prueban «el vínculo directo y existente entre Alan Ruiz y Silvia Majdalani, y una dinámica de trabajo que escapaba al funcionamiento y el esquema administrativo y jerárquico regular de la AFI».
Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos, adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.
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