Transcurre un caluroso verano, que nos obliga a detenernos un momento, y mirar puertas adentro, la inimaginable sequía que pone en riesgo las principales actividades económicas y productivas. A poco de comenzar el ciclo lectivo, aún no se sabe si los maestros concurrirán a clase, por la falta de actualización de sus salarios, y el estado de los Edificios; el crecimiento de los hechos de inseguridad que afecta a los hogares; la inestabilidad ante la falta de discusión del ajuste de los salarios de los trabajadores estatales de la administración central, de la salud y la educación.

La incertidumbre de las familias que accedieron a una vivienda social y que, por decisión del gobernador anterior, deben soportar la más perjudicial de las amortizaciones, por el sistema UVA.

En resumen, la enumeración de los problemas por los que atraviesa nuestra provincia, por no haberse tratado a tiempo la Ley de Leyes (El presupuesto de la provincia).

La situación, configura ni más ni menos que una crisis institucional agravada por un importante desorden de las cuentas públicas, que se negó en toda la campaña electoral, y por la falta de la ley de presupuesto, el que debió haber
sido discutida y aprobada a fines de 2019, o a más tardar en los primeros meses del año.

A la fecha no hay presupuesto 2020.

Vemos que transcurre el tiempo, y como afecta la especulación de las fuerzas políticas, que no quieren sentarse a discutir estos graves problemas.

Esta crítica realidad social y económica; agravada por la grieta que separa al oficialismo y al Partido Justicialista; nos lleva a todos los que integramos PROTECTORA F.P., a reflexionar y proponer que la única manera de abordar y solucionar estos graves problemas políticos y sociales, es habilitar el debate del Presupuesto 2020 de manera inmediata, con todas las fuerzas políticas.

Los que formamos parte de la política de la provincia, debemos hacer lo necesario para dar respuesta a estos temas.
A esto se suma, la encerrona de los vencimientos de los créditos que debe honrar nuestra provincia, para lo cual se necesita financiamiento y las correspondientes autorizaciones legislativas de manera inmediata, para evitar el default de las cuentas y descalabro ético de un Estado que siempre honró sus deudas. Debemos ponernos de acuerdo, cuidando hasta el último centavo, y priorizando a los que menos tienen.

Hace pocos días, de manera casi imperceptible, ocurrió un hecho político de alta relevancia institucional en el H. Congreso de la Nación. Se aprobó casi por unanimidad de todas las fuerzas políticas el apoyo al nuevo Presidente, para que tome cartas en el asunto de negociar la deuda externa de la Argentina.

Es un primer paso en el camino por terminar con profunda grieta que nos separa de la toma de decisiones y que no permite que nos sentemos todos en la mesa a encontrar la respuesta a nuestros problemas históricos.

En ese sentido manifestamos que, de manera URGENTE la provincia necesita contar con Ley de Presupuesto para el ejercicio 2020 y resaltando que es imprescindible que el Gobernador cuente con la autorización de la legislatura
para renovar el capital de la deuda con vencimiento durante el año.

De la misma manera estamos dispuestos a discutir la autorización de un monto razonable de endeudamiento acorde al plan de obras que acompañe el requerimiento formulado por el ejecutivo.

Ello en tanto quede expresamente establecido en la Ley que:

• Que solo será utilizado para la ejecución de Obras, de ninguna manera y ni siquiera de forma transitoria para otros fines presupuestarios (gastos corrientes). (art. 38 y 40 del proyecto de Ley)

• Que se suspende la amortización por UVA de los créditos otorgados por el IPV hasta que una comisión con participación legislativa determine una amortización acorde al objeto de las viviendas.

• Que priorice las obras de saneamiento y cuidado del agua, acorde a la inédita crisis hídrica que soportamos, conforme al uso eficiente del escaso recurso para el uso poblacional, agrícola e industrial.

• Que se haga foco en la disminución del gasto improductivo y la generación y protección del empleo.

Sin demora, las fuerzas políticas con representación legislativa deben salir del letargo y trabajar por el interés de los mendocinos, construyendo el necesario consenso para resolver el presupuesto provincial 2020.

PROTECTORA FUERZA POLÍTICA / Gustavo Montilla, Vocero / Pablo Cairo Presidente

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Luego de la multitudinaria protesta del domingo, este lunes (23/12) la caravana llegó a la Casa de Gobierno para reclamarle a Rodolfo Suárez el veto de la normativa.

Asimismo, los manifestantes ya dijeron que irían a la Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de las modificaciones a la ley.

La preocupación por parte de los productores tiene que ver con el hecho de que el uso de cianuro contaminará el agua y eso impactaría directamente sobre la producción agropecuaria de la provincia.

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El radical Rodolfo Suárez superó el 49% de los votos y se impuso por amplia diferencia ante la candidata kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Protectora Fuerza Política sacó el 8,44% y el FIT, 3,30%.

La candidata del frente Elegí Mendoza con 33%, Anabel Fernández Sagasti, reconoció el domingo por la noche que la diferencia con el candidato oficialista, Rodolfo Suárez, era «irremontable».

“La diferencia es irremontable, he llamado al próximo gobernador para felicitarlo. Estamos muy contentos porque sabemos que nuestro frente venía reconstruyéndose y hemos logrado una gran cantidad de votos en Mendoza”, aseguró la senadora.

“Me van a tener en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de la provincia”, prometió. La legisladora recibió un fuerte respaldo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y todos los gobernadores del PJ, pero no le alcanzó para lograr dar el golpe en la elección mendocina.

La vicegobernadora Laura Montero se mostró satisfecha debido a que la participación superó el 82%. “La gente ha valorado la gestión y los cambios estructurales. Este esfuerzo requiere de más de un período y por eso se lo están transmitiendo a Rodolfo Suárez», señaló.

Por su parte, la primera figura del ámbito nacional en salir a festejar la victoria fue el candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, quien calificó a Alfredo Cornejo como “el mejor gobernador de la Argentina” y aseguró que la “gente vota a una persona que resolvió los problemas”.

“Suárez ganó por su gestión también y por la de Cornejo. Argentina tiene que mejorar la gestión estatal”, dijo el dirigente radical.

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En este contexto, los legisladores de Unidad Ciudadana exigieron que el gobernador Alfredo Cornejo los convoque, junto a todo el arco opositor, para «frenar la medida que afectará profundamente a la región».

«El vino fue declarado bebida nacional a través de la Ley 26.870 y la transferencia de dinero de la vitivinicultura al Gobierno nacional sería superior a los 250 millones de dólares solo en 2017 en caso de aplicarse el impuesto», indicaron Fernández Sagasti y Abraham a través de un comunicado.

Asimismo, destacaron la impronta de la vitivinicultura para la provincia, la cual excede a las bodegas: «La industria del vino genera mano de obra intensiva, valores culturales y tiene injerencia directa en otros rubros, como el turismo y la gastronomía».

«Mientras Macri beneficia al sector agropecuario de la pampa húmeda, donde su familia tiene propiedades, eliminándole retenciones, agrava la economía mendocina con impuestos que no hacen más que asfixiarla, motivo por el cual desde Unidad Ciudadana se espera que el gobernador defienda los intereses de la provincia», enfatizaron.

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El diputado Marcos Niven (Partido Demócrata) pidió a través de un proyecto de ley que se instalen cámaras Go Pro en los vehículos de uso público y privado, como una medida concreta tendiente a disminuir los accidentes de tránsito y para acelerar resoluciones judiciales al respecto.

La iniciativa del legislador se basa en el alto índice de siniestralidad vial que registra Mendoza y que la coloca entre las provincias de mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito.

De aprobarse este proyecto, Mendoza sería la primera provincia del país en contar con una legislación al respecto, y se sumaría a Rusia y algunos estados de Estados Unidos, donde los resultados han sido auspiciosos en la resolución de las causas y también para evitar los fraudes a las compañías de seguros, por los siniestros simulados, lo que permitiría además reducir el alto grado de litigiosidad que tiene nuestra provincia en el contexto nacional.

Según fundamenta la iniciativa, ya son más de 180 los fallecidos en calles y rutas este año, pero en 2016 se elevaron a 286 los muertos que contabilizó la ONG Luchemos por la Vida al contemplar los decesos ocurridos en forma inmediata y los que posteriormente se producen en los hospitales. Con este escenario en lo que va de 2017 se superaría ampliamente la cifra de fallecidos en el mismo período del año pasado.

Por otra parte, un informe estadístico de la siniestralidad vial grave en Argentina en el primer semestre del año, elaborado por el Observatorio del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) coloca a Mendoza en el primer lugar del país en cuanto a muertos por siniestro vial grave, con un índice de 1,08. Esto quiere decir que hubo 1 muerto por cada accidente, lo que revela la gravedad de la situación.

En el informe también puede verse que en la región de Cuyo (no incluye La Rioja), Mendoza concentra este año el 65% de los fallecidos: San Juan tiene 30% y San Luis el restante 5%. Las tres provincias representan juntas el 7,3% de los accidentes mortales que se produjeron en el país, pero también el 12.8% de los muertos.

Así, el proyecto sugiere que “no alcanza con las multas, sanciones más graves, mayor cantidad de policías y radares” y que se requiere otro tipo de tecnología moderna para tender a evitar los siniestros y ayudar a su pronta resolución judicial.

Es que la mayoría de los casos de lesiones culposas por accidentes de tránsito (que en el año 2016 totalizaron 6.908 en nuestra provincia) quedan sin resolución en las unidades fiscales y se procede a su archivo por falta de mérito o por no instarse la acción penal. Por lo tanto los autores de las infracciones que ocasionan esos accidentes no sufren sanciones algunas, salvo que se los demande por daños y perjuicios y en la mayoría de los casos los costos los afrontan las compañías de seguros, pero no reciben sanciones administrativas o penales.

“Se deben usar todos los mecanismos posibles que tengan por objeto disminuir el grado de siniestralidad que tiene nuestra provincia, por el transporte automotor”, argumenta.

Y en esto radica la necesidad de establecer la obligación de instalar video cámaras del tipo “Go Pro”, en todos los vehículos públicos y privados, de carga y pasajeros, que transiten por la provincia. Este sistema se aplica con la simple colocación de un aparato de video cámara en el parabrisas delantero con visión hacia el frente del automotor, que va grabando permanentemente mientras el rodado circula y con un ángulo de 180 ° lo que permite una grabación amplia y en alta definición.

Al respecto, señala que “esta videograbación no viola el derecho a la intimidad, dado que la lente está dirigida hacia el frente del automotor y no a su interior”. El material grabado será considerado como probatorio y podrá ser requerido al chofer del automotor por parte de la autoridad policial o judicial que lo necesite para disipar dudas sobre algún accidente o problema en la circulación.

El propietario del rodado no podrá negarse infundadamente a mostrar las video grabaciones, bajo pena de una sanción.

Por otra parte, establece que se exija a las concesionarias de vehículos de todo tipo 0 km, la colocación de esa video cámara como equipamiento básico obligatorio, y que su implementación sea gradual primero el transporte público de carga y pasajeros y después los privados y vehículos usados, para que en un tiempo determinado sea de uso general, siendo la reglamentación de la ley la que fije los tiempos de su aplicación.

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Un dato relevante del caso, conocido como «el juicio de los jueces», es que varios de los condenados estuvieron en funciones hasta no hace mucho tiempo. Los magistrados que integran el tribunal que dictó las condenas, Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, estudiaron de manera sistemática expedientes de la época durante el desarrollo del proceso.

El juicio comenzó el 17 de febrero de 2014 y además de juzgar a policías, militares y la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado contempló, por primera vez en esa provincia, los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de otros delitos como torturas y secuestros.

Se juzgaron los crímenes cometidos por los imputados contra 200 víctimas. El punto común de la acusación a los ex funcionarios judiciales es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos. Hubo testigos, además, que vieron a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.

Los jueces implicados
Luis Miret y Rolando Carrizo fueron jueces federales, Otilio Romano ejerció como fiscal federal y Guillermo Petra Recabarren como defensor público oficial. Todos rotaron por las diferentes funciones, porque la ley vigente en la época habilitaba la subrogancia de los cargos entre los mismos magistrados. Así, el fiscal y el defensor en algunos casos podían reemplazar a los jueces.

El ex juez Miret estaba acusado como partícipe primario en siete hechos de homicidio agravado en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada, 17 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, seis hechos de tormentos agravados, un allanamiento ilegal y tres robos agravados. Y en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en un hecho.

El ex juez Rolando Evaristo Carrizo, en tanto, estaba imputado en carácter de partícipe primario en dos hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, en 14 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, dos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal.

Por su parte, Petra Recabarren estaba señalado como partícipe primario en 17 hechos de homicidios agravados en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada y en cinco hechos de privación abusiva de la libertad agravada.

Por último, el ex fiscal Romano fue acusado como partícipe primario en 33 hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, 25 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, 36 hechos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal. Fue además acusado en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en cuatro hechos y en cinco de abuso deshonesto agravado, y como autor del delito de omisión de promover la investigación en un hecho.

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Las temáticas de las ponencias serán sobre aportes teóricos sobre la aplicación de los pilares del Estado Abierto desde el ámbito Legislativo, tanto desde los Concejos Deliberantes, Legislaturas Provinciales, como así también del Congreso Nacional.

Este año, la Secretaría Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza forma parte de la organización y estará a cargo del cierre de la actividad, el 19 de mayo en el edificio legislativo.

La actividad comenzará a las 8.30 y finalizará a las 14, aproximadamente. Las Mesas de Trabajo contarán con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia, Laura Montero, el Secretario Legislativo del Senado, Diego Seoane y el Secretario Administrativo de la Cámara, Leonardo Gonzalez Luque, entre otros.

Actividad Académica sin costo. Entrada Libre y Gratuita Abierta para todo Público.

Inscripciones: Formulario de Inscripción Segundas Jornadas de Gobierno Abierto

Programa de las Segundas Jornadas de Gobierno Abierto “Parlamento Abierto”.

Jueves 18 de Mayo – Universidad Nacional de Cuyo – Cilindro Central CICUNC

8:30 hs. Recepción y Acreditaciones

9:00 hs. Conformación Mesa Académica y Acto de Apertura a cargo de:

Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza, Ing. Laura Montero
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo Ing. Daniel Pizzi
Secretaria de Políticas Públicas y Planificación – UNCuyo Lic. María Fernanda Bernabé
9:30 hs. 1º. Panel: “Construyendo un Estado Abierto: de la teoría a la praxis”

Ester Kaufman – Coordinadora Red Académica de Gobierno Abierto
María Lina Montoya Morales – Coordinadora de la Red de Gobiernos Locales
Moderador: Lic. María Fernanda Bernabé – Secretaria de PPyP UNCuyo
10:15 hs. 2º. Panel “Hacia el Parlamento Abierto”

Gabriel Fidel – Parlamentario Parlasur
Graciela Cousinet – Diputada Nacional
Daniela García – Senadora Provincial
Luis Eduardo Böhm – Senador Provincial
Moderador: Lic. Luis Abrego – Diario Los Andes
11:00 hs. Intervalo: “nos tomamos un café”

11:15 hs. 3º. Panel “Otras formas de abrir el Estado”

Karla Andrea Muñoz Ramírez. Docente. Universidad de Concepción. “Parlamento Abierto como solución a la crisis de confianza en el Congreso Nacional de Chile”. (Chile)
Fabiana Mastrángelo, Lic. Sylvina Balmaceda. Junta de Estudios de Godoy Cruz. Dirección de Educación de la Municipalidad de Godoy Cruz. “Ciudad Educadora – Enfoque integrador y una experiencia socio-educativa en Godoy Cruz”. (Mza)”
Ricardo Rodriguez, Paula M. Crombas Martínez, Rodrigo Moreno. Unidad Técnica de Mercado, Juego y Calidad. Instituto Provincial de Juegos y Casinos. SAPIA -Sistema de Acceso Público a la Información de Juegos de Azar. (Mza)
Federico Morandini. Director Ejecutivo. Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH). “El acceso a la información pública en las contrataciones del Estado”. (Mza)
Modera: Dr. Nicolás García Bistué – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Fiscalía de Estado.
12:00 hs. 4º Panel “Aportes, Experiencias y Desafíos para un Concejo Deliberante Abierto”

Lina María Montoya Morales. Asesora Concejo Deliberante Lomas de Zamora. “Abriendo el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Avances y desafíos”. (Bs. As.)
Enrique Isuani. Presidente HCD; Fernando González Villanueva, Asesor; Lic. Julieta Laura Vignale, Prensa – Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo “Plan de Modernización del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo” (Mza)
Beatriz Martínez. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ciudad de Mendoza. “Concejo Deliberante de puertas abiertas, ámbito para la participación, la reunión y la cultura”. (Mza)
Modera: Lic. Vanina Pereyra – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo.
12:45 hs. Cierre y Conclusiones.

13:30 hs. Ágape en Hall de Ingreso del CICUNC.

Viernes 19 de Mayo – Honorable Legislatura de Mendoza – Salón de los Pasos Perdidos

8:30 hs. Recepción y Acreditaciones

9:00 hs.   Apertura segundo día y Bienvenida a la Casa de las Leyes

9:30 hs. 5º. Panel: “ La Innovación y Apertura como principios necesarios para abrir la Gestión Pública”

María Fernanda Bernabé – Secretaria de Políticas Públicas y Planificación – UNCuyo. “Administradores públicos ¿Innovadores públicos?: experiencia del programa Universidad Transparente de la Universidad Nacional de Cuyo”.
Carolina Cornejo. Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, Ministerio de Modernización de la República Argentina. “Parlamento en el trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto” (Bs. As.)
Matías Bianchi. Director de Asuntos del Sur y Docente en la University of Arizona.  “La experiencia de la Academia de Innovación Política”. (Bs. As. – E.E.U.U.)
Modera: Dra. Ester Kaufman – Coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
10:15 hs. 6º Panel: “Aportes para la Construcción de un Estado Abierto desde el Poder Legislativo”

Diego Mariano Seoane. Secretario Legislativo y Leonardo González Luque. Secretario Administrativo. H.C. Senadores Provincia de Mendoza. “Plan de Modernización del Senado de Mendoza. Una experiencia desde los ejes de Calidad, Participación y Transparencia”. (Mza).
Pedro Alibertti – Universidad Nacional de Luján – “Gobierno abierto, Participación e Inclusión ciudadana” (Bs. As.)
Juan Ignacio Belbis – Investigador Asociado, a cargo del capítulo de Apertura Parlamentaria – ILDA. Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. “Apertura Legislativa en el Cono Sur. ¿Y los Datos?”. (Bs. As.)
Modera: Lic. Juan Marcelo Calabria – Programa de Gobierno Abierto “Universidad Transparente”- UNCuyo.
11:15 hs. Intervalo: “nos tomamos un café”

11:30 hs. Videoconferencia: “El Enfoque de Estado Abierto desde la perspectiva del CLAD”

Gregorio Montero – Secretario General del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo)
12:15 hs. 7º. Panel: “Experiencias de transparencia y participación ciudadana para un Concejo Deliberante Abierto”

José Fernández Ardáiz – Director General de Gobierno Abierto – Secretaría Modernización y Gobierno Abierto – Municipio Bahía Blanca. “Diseño colaborativo y participado del proyecto de Ordenanza de Acceso a la Información Pública en la ciudad de Bahía Blanca” (Bs. As.)
César Cattaneo – Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz – “Apertura Parlamentaria en el Municipio de Godoy Cruz”. (Mza)
María Beatriz Galiñares. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Junín. “Ordenanza de Apertura de Datos”. (Mza).
Miriam Gallardo. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú. “Experiencias hacia un Concejo Abierto”. (Mza).
Modera: Lic. Paula Mariela Marconi – Coordinadora de Gobierno Abierto – UNCuyo.
13:00 hs. Acto de Clausura de las Jornadas

13:30 hs. Ágape de Despedida. Honorable Legislatura de Mendoza.

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“La violencia de género se manifiesta en la trama cultural de nuestra sociedad, quedando muchas veces expuesta cuando las mujeres denuncian o aparecen evidencias de la misma”, dijo senadora Claudia Najul.

La legisladora manifestó también que “las relaciones de poder entre los géneros se reproducen desde la crianza, en las diferentes instituciones por las que pasamos, escuelas, trabajos, en todos los ámbitos donde transitamos, a lo largo de todas las edades y niveles socio económicos”.

“Los femicidios son la forma más extrema y cruel de la violencia de género, pero para llegar a éstos tiene que haber una sociedad que permita la reproducción de estas desigualdades cotidianas que derivan luego en la cosificación de la mujer y el uso de la violencia como forma de dominación de hombres a mujeres y niñas”, opinó la legisladora de la UCR. El proyecto se encamina a ser aprobado también por la Cámara de Diputados.

La entrada Mendoza: media sanción contra el “acoso sexual callejero” se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.

Stolbizer se refiere a TUPAC AMARU en la provincia de Mendoza, organización social que se empoderó gracias al kirchnerismo, en la etapa de Cristina Fernández, y logró que le aprobaran en ocho años un poco más de 1.000 viviendas en la provincia (entre las terminadas y las que siguen en ejecución). La Tupac se comprometió a construir miles de viviendas en diferentes barrios de distintas localidades de la Provincia, recibiendo miles de millones de pesos, fondos recibidos en el marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.

El pedido de investigación involucra al ex ministro de planificación Julio De Vido y al ex secretario de. Obras Públicas, José López, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran surgir por las irregularidades dentro de la cooperativa de Mendoza. Los delitos cometidos por los funcionarios serían la violación de sus deberes, malversación de los recursos públicos, esta comprobado que el Ministerio autorizaba transferencias millonarias con bajos niveles de ejecución de las viviendas que eran pagadas en su totalidad, dejándose al arbitrio de la señora Rojas y su familia una adjudicación discrecional, vinculada con prácticas que en nada se condicen con la atención de necesidades y prioridades sociales.

Entre las pruebas sugeridas, la diputada Stolbizer pide solicitar informe al Ministerio para comprobar los ilícitos y la magnitud de los dineros que fueron destinados a la Cooperativa, allanamiento en el Instituto provincial de la vivienda e informes patrimoniales sobre la familia que manejaba esos recursos.

«Otra vez nos encontramos con una práctica que fue recurrente durante el gobierno anterior: el sometimiento de los más pobres como clientes tributarios del sistema político, las entregas millonarias de dinero sin control, sin Marcos regulatorios ni transparencia. Así es como los que han resultado perdedores en la década ganada por los funcionarios kirchneristas, son justamente los sectores y hogares más vulnerables, más necesitados, algunos de los cuales siguen esperando una respuesta del estado mientras los líderes del movimiento llenaban sus bolsillos».

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