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]]>El escándalo estalló cuando en el marco del tratamiento de la ley de presupuesto 2018, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad ni el propio Secretario Ezequiel Murray, pudieron explicar en su exposición frente a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura el destino de los fondos.
La denuncia se enmarca en las graves sospechas de que los fondos reservados de la Secretaría de Seguridad habrían sido destinados a la campaña electoral de la candidata de Rosana Bertone, Laura Colazo en las recientes elecciones a Diputados Nacionales. Por otra parte la policía provincial está inhibida de efectuar intervenciones telefónicas, y de efectuar inteligencia que está regulada por la Ley de Inteligencia Interior, por lo sorprende que el gobierno provincial utilizara fondos reservados para la compra de equipamiento y tecnología para espiar, como lo confesó el propio Murray.
Ahora la fiscalía deberá avanzar tomando medidas de prueba en tres aspectos: el quebrantamiento de la prohibición constitucional de fondos reservados, la malversación de fondos públicos, y la violación de la ley nacional de inteligencia.
La denuncia incluye a la Gobernadora provincial, ya que ella como titular del Poder Ejecutivo Provincial no puede desconocer lo que sucedía en el manejo presupuestario de la Secretaría de Seguridad.
El equipamiento comprado secretamente no podría tener otro destino que las intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, sin otro objetivo posible que el de efectuar inteligencia a políticos, periodistas, dirigentes sociales opositores y hasta incluso funcionarios judiciales, lo que constituiría una clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional. El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones telefónicas o captaciones electrónicas de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
La Constitución Provincial es concluyente, prohíbe los gastos reservados, y Murray pretende utilizar un artículo previsto para los “contratos petroleros”, para tratar de zafar de la imputación del delito de malversación de fondos públicos. No caben dudas que nos encontramos frente a la posible comisión de varios delitos: uno violatorio del orden constitucional provincial que prohibe los “gastos reservados”, la malversación de fondos públicos y finalmente, la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
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]]>La entrada Tierra del Fuego: Aumento a maestros por decreto se publicó primero en AGENCIA LEGISLATIVA.
]]>Los decretos firmados por la gobernadora Bertone tienen como objetivo «que los trabajadores perciban el incremento salarial con los haberes de marzo», aunque las subas dispuestas se harán efectivas en al menos dos cuotas.
Según el decreto, los aumentos fueron otorgados «en base a la disponibilidad de recursos con los que cuenta el Estado provincial», agregaron las mismas fuentes.
La gobernadora Bertone ya había adelantado, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura el 1 de marzo, que «no hay peor sueldo que el que no se puede pagar».
En el escalafón docente, el gobierno dispuso que un maestro recién ingresado pasará a cobrar de bolsillo 18.536 pesos, mientras un director ganará 35.500 pesos.
Así, añadieron las fuentes, un maestro con 10 años de antigüedad percibirá de bolsillo 20.000 pesos y un director con la misma antigüedad 39.000.
Dirigentes del gremio de sanidad ATSA y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina rechazaron las subas por decreto y reclamaron la continuidad de las paritarias.
Los sindicalistas dijeron que era «insuficiente» el incremento otorgado porque, remarcaron, Tierra del Fuego es «una provincia donde el alquiler promedio supera los 12.000 pesos mensuales y un kilo de carne ronda los 200 pesos».
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