Diputados aprobó el proyecto para frenar el 2×1 y este miércoles lo trata el Senado

La Cámara de Diputados aprobó este martes (9/5) por 211 votos a favor y 1 en contra el proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, con lo que busca dar respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2 x 1 a favor del represor Luis Muiña.

Al iniciarse la sesión especial para debatir un conjunto de tratados internacionales, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, solicitó la aprobación del tratamiento sobre tablas sobre los diversos proyectos de ley para “dar un contundente y claro mensaje a la justicia que en este país no vamos a renunciar a la memoria, verdad y justicia”.

La legisladora de Libres del Sur y nieta recuperada aseguró que “es grave la interpretación equivocada y vergonzosa que hizo la Corte Suprema que benefició a un genocida” y dijo que “no queremos a ningún genocida caminando en nuestras calles”.

La propuesta realizada por Donda fue respalda por los jefes de las bancadas de Cambiemos, Mario Negri, del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, del massismo Graciela Camaño, del bloque Justicialista Oscar Romero, y de la izquierda, Néstor Pitrola, entre otros.

Los diputados que han presentado proyectos sobre el 2×1 son Donda, la socialista Alicia Ciciliani, el kirchnerista Héctor Recalde, los macristas Daniel Lipovtezky y Pablo Tonelli y Remo Carlotto del Movimiento Evita.

Los legisladores consensuaron un texto que plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiño, «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2×1 sólo puede aplicarse a «aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley», es decir, entre 1994 y 2001.

Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como «vergonzoso» el
fallo de la Corte Suprema.

«No podemos dejar de ver este pronuciamiento que va en contrario de los pronunciamientos que hace mas de 12 años viene teniendo la Corte Suprema en materia de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los Derechos Humanos, como parte de lo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, desde la asunción del actual Poder Ejecutivo Nacional», señaló el también presidente de la comisión de Libertad de Expresión.

Carlotto enfatizó que lo que no se puede tolerar es que «después de 40 años de lucha y búsqueda de justicia», los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti arbitraran a favor de un fallo que «facilita el camino de la liberación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad».
La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como «uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia», sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.

La legisladora del interbloque Progresistas dijo en este sentido que el deber del Congreso es no «permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país».

«Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley», aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: «Señores jueces, ¡Nunca Más!».

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que «no tuvieron más remedio» que «aplicar la ley más benigna» tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por «las consecuencias futuras» del fallo.

«Me parece que el voto de la mayoría es un voto razonable y ajustado a los principios clásicos. Eso no impide que los resultados no satisfagan. El problema no está en la fallo de la Corte sino en la ley. La Corte no tuvo más remedio que aplicarla», fundamentó.

«La solución a nuestro modo de ver es que, en la medida en que no alcanza con la derogación de la ley, hay que sancionar una norma que constituya una interpretación auténtica de la ley 24.390, para que los tribunales la signa y la apliquen», afirmó.

El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, disintió con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una «intencionalidad política» para «dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos».