La revolución del litio

Fuente: La Nación

Treinta años atrás, se produjo el lanzamiento comercial de la primera batería recargable de ion-litio. Esa batería, desarrollada originalmente para cámaras portátiles, sentó las bases para la era móvil, que incluyó desde las primeras laptops hasta los teléfonos inteligentes, y abrió paso también a la industria de la automovilidad eléctrica, por lo que la demanda de litio, el más ligero de los metales y clave para el desarrollo de energías limpias, está asegurada.

Frente al agotamiento físico de los combustibles fósiles, con sus peligrosas consecuencias ambientales, la Argentina, cuarto productor mundial de litio, es el país más prometedor para la expansión de esta industria, según un trabajo del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un importante think tank de los Estados Unidos. Tanto por las reservas de las que dispone en el noroeste de su territorio, como por el contexto dado por las necesidades de enfrentar el cambio climático que atiende la gestión del presidente Joseph Biden.

El salar de Uyuni es el mayor depósito de litio del mundo, contando la Argentina con una de las extensiones de salares más grandes del planeta, que comparten las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Recientemente, se sumaron inversiones en San Juan.

El potencial de la industria del litio –bien llamado el nuevo oro blanco– puede advertirse a partir del dato según el cual, entre 2016 y 2018, la demanda de baterías de iones de litio se duplicó en el mundo y se espera que esta tendencia continúe. Especialistas proyectan que la actividad crecerá casi ocho veces para el año 2027.

La prosperidad de este negocio, en función del incremento de la demanda de litio a nivel global, del aumento de su precio, del compromiso mundial hacia la descarbonización para 2050 y de los bajos costos de producción, confiere enormes posibilidades de desarrollo al país. Lamentablemente, cuando una actividad se dispone a crecer, siempre hay sectores políticos empeñados en imponerle regulaciones que pueden terminar coartando y asfixiando la iniciativa privada, la generación de empleos y la obtención de divisas por exportaciones.

Es así como, en los últimos tiempos, han surgido proyectos de ley en el Congreso de la Nación para nacionalizar la actividad, con el argumento de la “soberanía del litio”.

Estos proyectos han sido motorizados por diputados del Frente de Todos como Carlos Heller y Marcelo Koenig. La idea que ronda algunas cabezas de la coalición oficialista pasa por declarar al litio como “recurso estratégico”, algo que posibilitaría un mayor control del Estado nacional sobre la exploración y explotación del mineral, que no es un commodity y cuyo precio se define por contratos privados.

Se trata de una iniciativa que ha sido rechazada por gobernadores de las provincias con mayores reservas de este recurso, quienes han advertido que aquella posibilidad implicaría un cambio en las reglas de juego que desalentaría las inversiones de capitales privados que se gestionan.

Si bien fuentes del gobierno nacional han desestimado la alternativa de nacionalizar la minería, conocidas son las posiciones de dirigentes que, desde los sectores más radicalizados de la coalición gobernante, impulsan un mayor intervencionismo del Estado en todas las áreas de la economía.

Debe celebrarse, en cambio, la reciente presentación del proyecto de ley de movilidad sustentable por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el propósito de incentivar inversiones por alrededor de 8300 millones de dólares en la industria automotriz para los próximos diez años y crear más de 20.000 puestos de trabajo, al servicio de la fabricación de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales.

Es de esperar que nuestros gobernantes, independientemente de estar atentos también a los criterios de equidad y respeto por el medio ambiente, actúen con la necesaria responsabilidad para liberar a las fuerzas productivas y se abstengan de seguir condenando a nuestro país a la paradoja de la abundancia de recursos naturales con trasnochadas medidas que solo aumentarán la inseguridad jurídica y ahogarán al sector privado del que depende la Argentina para revertir su prolongado estancamiento económico.

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