Tres Arroyos: El Municipio es responsable

Los títulos del secundario adulterados por aspirantes a la policía de Tres Arroyos han sido un tema abordado tanto por las instituciones policiales como las judiciales.

Altas fuentes de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad hicieron especial hincapié en la lectura del Protocolo Adicional de Reclutamiento que en su artículo 1º dice en forma textual: «La Municipalidad se obliga a llevar adelante los programas de reclutamiento a los postulantes a ingresar a la unidad de Policía de Prevención Local de conformidad a los estándares generales emitidos por la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad».

Por su parte, fuentes consultadas de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense manifestaron no tener dudas respecto a que la Municipalidad es la que tiene que llevar adelante los programas de reclutamiento de aspirantes a ingresar a la Policía Local. Hasta el momento las autoridades políticas y policiales locales consideraron que la responsabilidad es del Ministerio de Seguridad. A partir de la lectura del Protocolo -al que adhirió el municipio- se abre un nuevo interrogante en cuanto a quién debió estudiar, verificar y corroborar la legalidad de los títulos secundarios de los aspirantes a policías.

Graciela Callegari, presidenta del Frente para la Victoria, destacó que hay que dejar actuar a la Justicia con la celeridad que pueda. «La ciudadanía tiene que esperar eso por lo delicado del tema. Quien está a cargo de la política, de seguridad y tiene que protegernos está denunciado, amerita que se expida la Justicia lo antes posible. Habrá que aclarar si esto es así, si hubo algún atenuante, después las decisiones también le competen al Ejecutivo que sabrá, una vez que tenga el resultado de la investigación, qué deba hacer».

La presidenta del bloque del FpV entiende que «el señor intendente tendrá más información que la que tenemos nosotros para tomar una decisión, en otros ámbitos como el educativo, el administrativo, hasta que se aclara una la situación denunciada se separa al funcionario del cargo, pero en cargos políticos y electivos tenemos ejemplos de que hasta que la justicia se expide no ocurre lo mismo. Seguramente el intendente no tomará ninguna decisión hasta que no ocurra esto», finalizó.