Facundo Fernández Pastor, especialista en derecho previsional sobre la reforma jubilatoria

Con motivo del tratamiento de la Ley 27.260, conocida sarcásticamente como “Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, pusimos de manifiesto -ante los diputados y senadores que desde la oposición se apuraban en acompañar tal proyecto comprando la falacia de que así se cancelarían más de 2.400.000 juicios, lo que no sólo no sucedió sino que los menos de 1.00.000 de pagos realizados se hicieron con una quita de más del 40% de lo que le correspondía recibir al beneficiario-, que el proyecto contenía el convenio de pago, a los fines de que se votaran el resto de los artículos que eran perjudiciales para el Fisco y para el sector pasivo.

Así, el blanqueo de capitales, que permitió que el hermano del Presidente blanqueara dinero sin explicar su procedencia, declarando una falsa emergencia en materia de litigiosidad previsional, lo que le permite a Poder Ejecutivo legislar sobre la materia por decreto; el remate indiscriminado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, creado como un resguardo para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones futuras, la creación de una Pensión Universal para Adultos Mayores, que por primera vez en la historia de la seguridad social argentina, estableció una prestación por debajo del haber mínimo, sin derecho a pensión y subió la edad jubilatoria de la mujer a los 65 y la obligatoriedad de la armonización de las cajas provinciales, obligándolas a adoptar el régimen nacional. Lo que se analizará más adelante.

Hoy, con motivo de la reforma al sistema previsional, establecida en el artículo 12 de la Ley 27.260, también les están mintiendo. Les quieren vender gato por liebre, para que vuelvan a votar una reforma que esconde un profundo ajuste, y salgan aplaudiendo un 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, como aquella vez lo hicieron con la PUAM.

La realidad demuestra que la jubilación mínima hoy es de $7.246) y el 82% del SMVyM asciende a $7.265.  El SMVyM, fijado unilateralmente el Poder Ejecutivo Nacional, en el mes de enero será de $7790 y en julio 2018, de $8200. Entonces, para tener el maravilloso incremento de $19 el jubilado tendrá que haber realizado 30 años de servicios con aportes y su jubilación deberá estar debajo del mínimo. Esa es la zanahoria que le están ofreciendo para que voten una reforma que lleva, como la mal llamada Reparación Histórica, muchas más desventajas que ventajas.

En primer lugar, ya lo han dicho, van a modificar la fórmula de la movilidad para que se ajuste trimestralmente por inflación y, además, por algo más “que establecerá el congreso”. Los que hace muchos años que nos dedicamos a la seguridad social recordamos esa frase. Otra de las leyes que llevaron nombres pomposos y sarcásticos fue la Ley 24.463, que el mememato bautizó como “Ley de solidaridad previsional” y que también se trató de un brutal ajuste a las jubilaciones, cuyo artículo 7º todavía dice que la movilidad la establecerá el congreso en la ley de presupuesto. Ese artículo, cabe recordarlo, es el que más inconstitucionalidades ha motivado, desde el fallo Chocobar en 1995 hasta Badaro en 2008.

Pero la reforma ajustadora no se queda allí. Para poder realizar el ahorro que pretenden y que fue recomendado por el FMI y el Banco Mundial, necesitan bajar la tasa de sustitución (la relación entre el salario del activo y la jubilación) y la forma en que lo van a hacer es modificando la forma de cálculo del haber inicial. Necesitan bajar en un 20% esa tasa de sustitución que hoy es de entre el 57 y el 62% al 37%, con el objetivo de imponer, como en los 90´, un régimen de capitalización –esta vez de carácter optativo- lo que no puede lograr sin deteriorar el poder adquisitivo de los jubilados argentinos.

El plan de ajuste del sistema previsional que se inició con la ley de reparación histórica, y que continúa con el anuncio presidencial de la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, continuará con la disminución paulatina de la tasa de sustitución, para llegar al final del trayecto a la ansiada capitalización individual. Pero, para ello, era necesario “generar una crisis del sistema”, en eso está el gobierno y a eso se refieren las declaraciones del presidente cuando dice “…las cuenta de ANSES no dan más…”. Pero en esa crisis creada aun queda una joya, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ese es el siguiente objetivo.  Y de eso se trata esta reforma.

Dicen, y lo publican los matutinos, que van a derogar los regímenes de privilegio. Pero por lo que van son por los regímenes especiales, que son aquellos en los que por su naturaleza, las personas se jubilan antes, ya que al realizar tareas insalubres, también se mueren antes. No van por las leyes que crean privilegios, sino por las personas que trabajan en condiciones inhumanas, como lo hizo Brasil en su reforma, para que no puedan, siquiera, llegar a jubilarse.

Y van también por las cajas provinciales, para que sus beneficiarios, que realmente reciben el 82% móvil, como efecto de la Ley de Reparación Histórica y del proyecto de ajuste previsional, verán mermados sus haberes de una manera bestial y, los trabajadores y trabajadoras no podrán acceder en el futuro a jubilaciones y pensiones con los mismos derechos que sus compañeros de trabajo. Igual camino seguirán los docentes nacionales en todos niveles.

Todo eso, por una zanahoria que les venden como el 82% móvil y que, en realidad, como dejamos de manifiesto, son $19 para no más de 500.000 jubilados y pensionados del SIPA.

La pregunta es: ¿Volverán a comparar gato por liebre, o de una vez y para todas será liebre?