Legislatura porteña reduce impuestos para favorecer prestamos hipotecarios

Una ley aprobada hoy por la Legislatura estableció una tasa del 1,5% para el pago de Ingresos Brutos en préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras a personas físicas destinados a la adquisición, construcción o ampliación en la Ciudad de Buenos Aires de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Las disposiciones de la flamante norma entrarán en vigencia a partir de su promulgación.

La reducción de la alícuota del impuesto, que actualmente es del 7%, generará un gran impacto sobre la tasa de interés de estos créditos, una medida que se verá reflejada en la baja del 15% sobre el importe final de las cuotas mensuales que abonen las familias.

«Con el objetivo primordial de disminuir el déficit habitacional estructural, promover el crecimiento económico y el empleo a través de la inversión en viviendas y asimismo fomentar el desarrollo con equidad social a través de la expansión del crédito hipotecario, la Ciudad de Buenos Aires realizará el esfuerzo fiscal para acompañar a los vecinos en el sueño de la casa propia», destacan los fundamentos del proyecto enviado a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, que tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto.

Con la sanción de esta norma, un préstamo indexado por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para la compra de una vivienda única y familiar por un monto de $1.000.000 de pesos a 20 años, tendrá una cuota inicial que pasaría del orden de los $7.700 a $6.500 pesos.

El diputado Alejandro García (PRO) fundamentó la iniciativa como miembro informante y explicó: «Lo que estamos votando tiene que ver con una reducción de la tasa de Ingresos Brutos para acompañar una política nacional, que fue solicitada a todas las jurisdicciones, dando respuesta a un reclamo histórico de paliar el déficit habitacional. Las nuevas líneas de crédito que ofrece la banca pública permite proyectar a largo plazo, con un tope de 30 años, en una medida más que acertada». Además expresaron su posición sobre el proyecto los diputados Marcelo Depierro (CP), Laura Marrone (FIT), José Cruz Campagnoli (FpV), Fernando Vilardo(AyL), Gustavo Vera (BC) y María Rosa Muiños (BP).

La ley fue sancionada con 44 votos positivos, 11 negativos -FpV, los bloques de izquierda y el diputado Gustavo Vera (BC)- y 1 abstención del diputado Marcelo Depierro (CP), autor de un despacho de minoría sobre el mismo proyecto, que proponía una reducción mayor para la tasa del tributo llevándola al 0,5%.

Validación del saldo de la SUBE

Diputados porteños manifestaron su agrado «que el Poder Ejecutivo implemente en las terminales de autoservicio de tarjetas SUBE (TAS) ubicadas en estaciones de la red de subterráneos, la posibilidad de validar el saldo que se carga mediante homebanking o cajero automático», según expresa el proyecto de declaración presentado por el diputado Maximiliano Ferraro (CC) que fue aprobado hoy.

La tarjeta SUBE -Sistema Único de Boleto Electrónico- permite cargar a través de todos los medios integrados a la Red Link, Red Banelco, cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, homebanking y aplicativos de celulares. En las terminales automáticas SUBE (TAS) se puede ver el saldo, aplicar tarifas sociales en el caso que corresponda y finalizar las cargas simplemente apoyando la tarjeta.

«En la actualidad existen diversos puntos donde se han instalado esas terminales, y teniendo en cuenta que por día en la red de trenes subterráneos se realizan promedio un millón de viajes, resulta necesario la posibilidad de acreditar las cargas en las terminales del subte», según sostienen los fundamentos de la iniciativa.

Acuerdo de indemnización por una expropiación

La Legislatura aprobó un acuerdo de pago celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa «CONSUCONT S.A» en concepto de indemnización para la parte afectada con motivo de una expropiación que realizó el poder ejecutivo para la apertura de la calle Camargo. La iniciativa enviada por la Procuración General, tuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El acuerdo conciliatorio celebrado pone fin al litigio, tanto en lo que respecta al saldo de capital e intereses, como a los honorarios de los letrados intervinientes. Consolida el pago por un monto total de $22.189.196,78 siempre que se cumpla con el mismo antes del 15 de mayo de 2017.