El presidente de Proyecto Sur, Jorge Selser, se preguntó si ¿Le importa a la Corte que se mueran ciudadanos por el contagio de COVID? La Corte debería responder por cada muerte que se produzca y decir por qué avala una decisión del gobierno de Larreta que va en contra de la salud de los porteños”.

“Es incomprensible que los propios jueces reconozcan que “hay un derecho a la salud y la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana”, como dicen en el fallo. Que respondan por qué, si creen que esto es así, le hacen el juego a la oposición”.

“Los opositores que hoy festejan el fallo de la Corte son los mismos que decían que la vacuna era veneno, que la compra de vacuna era un negociado con Rusia, que no había que usar barbijo y no sé cuántas barbaridades más”.

“Nadie cuestiona la autonomía porteña. Pero estamos transitando una pandemia y las medidas no deben ser a la carta”, dijo el presidente de Proyecto Sur.

“Como médico y habiendo presidido la Comisión de la Salud de la legislatura porteña, siento la responsabilidad y deber de alertar a los porteños sobre una situación límite que el gobierno de Larreta utiliza para hacer campaña electoral en la interna que tiene el PRO para ver quién se posiciona mejor: si Larreta y Vidal o el dúo Bullrich Macri”, dijo Selser.

“No me extraña de Larreta. Para el PRO la salud, al igual que la educación, nunca fue una prioridad. Me preocupa, sí, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le siga la corriente a su juego electoral en este marco de pandemia donde está en juego la vida de las personas”, dijo Selser

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La Corte Suprema, por unanimidad, resolvió aprobar los recursos para fortalecer el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, para la investigación del caso D’Alessio. Se trata de dos cargos: secretario y jefe de despacho, para dotar ese tribunal.

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El magistrado se pronunció así al pronunciar un discurso por la llamada inauguración del “año judicial”.

“Necesitamos un proceso especial para las megacausas que involucran a muchísimos actores en materia penal”, afirmó Lorenzetti, al enumerar una serie de reformas necesarias, entre las que agregó “regular la situación del arrepentido”.

Además, sostuvo que el poder judicial “debe prestar atención a las demandas sociales” y “escuchar los reclamos de nuestro pueblo, y debemos protegerlo”.

A su vez, dijo que “muchísimas transformaciones dentro de la Corte no se pudieron trasladar al resto de los poderes judiciales”, y vinculó ese fracaso a que “faltan políticas de Estado”.

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Según Fernández Pastor compeler a los jubilados y pensionados que no aceptaron ingresar al Programa de Reparación Histórica –caballito de batalla PRO, para su electorado- porque decidieron cobrar el ciento por ciento de su crédito, a que tengan que aceptar las quitas que establece la Ley 27.260. Lo que significaría cobrar un 40% de su haber reliquidado y un 40% del retroactivo es “ilegal e inmoral».

Continuando con la explicación, Fernández Pasto dice que la estrategia de Cambiemos tuvo como punta de lanza al Dr. Juan Fantini, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 6 de la Seguridad Social, quien aplicó “de oficio” y sin el acuerdo de partes que requiere la Ley 27.260, retroactivamente y violando la jurisprudencia de la CSJN, los índices de movilidad fijados en la mencionada norma.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el fallo y, fue allí que la ANSES comenzó a plantearse la idea de recurrir mediante el REF ante la CSJN para, mediante un cambio de jurisprudencia del Máximo Tribunal, obligar a todos los jubilados a soportar una quita en sus haberes y retroactivos, aún cuando no ingresaran en el programa establecido en la ley.

Al respecto, continúa diciendo el experto en derecho de la seguridad social, “hay que recordar que respecto a la irretroactividad de la ley, el artículo 7º, segundo párrafo, del nuevo CCyCN establece que: ‘…La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…’. Por lo tanto, lo que ha hecho el Dr. Fantini, y lo que pretende el gobierno que realice la CSJN respecto de aplicar los índices fijados en la Ley 27.260 a los períodos comprendidos entre 1991 y 1995 y entre el años 2002 y 2008 es, absoluta y irremediablemente inconstitucional.”

De tal modo la maniobra, que es ilegal, perjudicaría a los más de trescientos mil jubilados y pensionados que tienen juicios pendientes por ante la Justicia Federal de la Seguridad Social; además sentaría un terrible precedente en materia de aplicación retroactiva de las normas en materia de seguridad social que, es importante destacar, el máximo tribunal siempre ha rechazado.

Dicha maniobra del oficialismo sólo puede llevarse a cabo si, la mayoría de los Ministros del Máximo Tribunal acuerdan violar de manera flagrante los derechos y garantías consagrados en las leyes y la Constitución, al único efecto que los gobernantes ahorren recursos del Estado destinados al subsistema previsional, específicamente destinados al pago de sentencias judiciales en la ley de presupuesto.

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“El haber jubilatorio no es una inversión, es el aporte que hace una persona durante 30 o 40 años de trabajo para poder llegar a la edad de retiro y recibir un haber que le permita ejercer su derecho de vivir dignamente. Este ingreso reemplaza al sueldo en actividad, por lo tanto durante los años aportados, muchos de los jubilados ya aportaban impuesto a las ganancias. Es decir que continuar con el descuento en las jubilaciones es una doble imposición.”, explicó la Diputada.

Asimismo, se refirió a la posición del máximo tribunal: “Hay que tener en cuenta que ya la Corte Suprema se había expedido en otras oportunidades afirmando que la jubilación debe mantener una proporción razonable respecto al sueldo en actividad. Lamentablemente, desde el Gobierno se siguen apelando estos fallos, quitándoles el derecho a los jubilados de continuar con la vida que se ganaron con su trabajo de muchos años”.

“De todos modos el fallo de la sala es un llamado de atención y una nueva esperanza. Esperamos que la Corte se expida ante la apelación que hará el Gobierno, y que en este caso siga sosteniendo su pensamiento, y no falle en contra de los jubilados como lo viene haciendo últimamente. Así como ellos no pagan ese impuesto, deben reconocer que los jubilados tampoco deben pagarlo”, recalcó.

Para finalizar, Tundis fue contundente: “La plata del jubilado debe ir a su propio bolsillo”.

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“Se deja un precedente aberrante que abre la puerta a que centenares de condenados por su actuación durante la última dictadura cívico-militar puedan verse ahora beneficiados”, explicó el ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Salta.

En ese sentido, Kosiner consideró al fallo como “un retroceso en la política de derechos humanos”. “Da escalofrío pensar que podrían volver a caminar entre nosotros apropiadores, violadores, secuestradores y asesinos hoy detenidos y que aún no han cumplido su condena”, afirmó.

“Los delitos de lesa humanidad por su propia esencia tienen un tratamiento diferencial que el Derecho argentino ha incorporado en nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994. No puede tratarse a un condenado por este tipo de delitos como a un ladrón de gallinas”, aseguró el legislador nacional.

Asimismo, Kosiner manifestó que “es absurdo que la Corte Suprema entienda que se le pueden aplicar las mismas garantías procesales a quienes torturaron y mataron. Para ellos no cabe ningún beneficio, ni la prescripción ni el indulto, ni la amnistía, ni el olvido, ni el perdón”.

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El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, demandará a la diputada Elisa Carrió (CC-ARI) por daños. Así se lo informó el juez a través de una nueva carta, enviada este martes, en la que niega las acusaciones de la aliada de Cambiemos en su contra y afirma que no saldrá a responderle en forma pública.

Hace dos semanas atrás, el magistrado había intimado a la legisladora para que se retracte de los dichos en su contra en “un plazo de 24 horas” y por los medios de comunicación. “No habiendo cesado su conducta, y no habiendo aceptado el ofrecimiento de verificar la documentación, no me queda otro camino que promover acción de responsabilidad civil por daños”, afirmó en la misiva Lorenzetti.

Luego de la primera carta enviada, Carrió salió a contestar con el pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal.

Al igual que días atrás, el juez aseguró este martes: “Desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna”. Y subrayó que “persiste” esa actitud de la diputada, “aprovechándose de que mi posición de juez me impide contestar de la misma manera”.

“No contestaré en forma pública, y espero que usted haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir el camino de la ley”, agregó.

Lorenzetti también le disparó: “Creo que el país espera de nosotros un comportamiento responsable y un espíritu sereno, que no se compadece con una suerte de guerra política que usted ha iniciado, en la cual no participaré. No hace bien a la República y tampoco favorece la seguridad jurídica ni el Estado de derecho”.

Además de esta demanda, la semana pasada la Cámara Federal le dio impulso a una investigación por enriquecimiento ilícito contra Elisa Carrió. Fue el propio presidente Mauricio Macri quien salió a respaldarla y defender la honradez de su socia política.

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De acuerdo a la información “anónima” que la legisladora recibió, señala en el escrito que la mutual “ha operado” con “el Club Sportivo Ben Hur, el Club Atlético 9 de Julio y el Club Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club SP BenHur”.

“Según he podido saber, el 54% del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asociaron el mismo día: 15 de mayo del 2015”, detalló y agregó que “esto no es usual ni tampoco resiste una explicación que surja de la cotidianeidad de la actividad mutualista y aparentemente tampoco en la actividad en particular de Pyme Rural”.

La diputada sostuvo que entre los miembros asociados a la mutual “se encuentran nombres importantes de la vida de Rafaela”, localidad de donde es oriundo Lorenzetti, “y algunos de transcendencia nacional”. En este sentido, apuntó: “Según he sido informada, se encuentran asociados Leonardo Luis Parra, Omar Francisco Operto, Reinaldo Casabella, Néstor Luis Zenklusen, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti”.

Pero la aliada de Cambiemos no sólo aportó nombre de exsocios del juez, sino que fue más allá. Carrió aseguró que en la mutual están asociados “familiares directos” del titular del máximo tribunal como “Susana Graciela Lorenzetti (su hermana), Lucia Lorenzetti (su hija), Franco Miguel Lorenzetti (su hijo) y Analía Cortassa (su ex consorte)”.

“Por otra parte, el otro asociado, el señor Néstor Luis Zenklusen también es presidente del Club Sportivo Ben Hur y lo fue de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur. También resulta importante destacar que Néstor Zenklusen fue presidente de la Cámara Argentina de Mutualidades (CAM) hasta su intervención en febrero del 2014, y como había mencionado, un hombre muy vinculado al Presidente de la Corte”, completó.

La líder de la CC-ARI le solicitó a Servini de Cubría que se requiera al BCRA que informe respecto de las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros, y los Reportes de Operaciones Sospechosas realizado a partir de cuentas de la mutual o en los que esté involucrada, entre otros pedidos.

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Fayt, reconocido jurista y académico que deja un importante legado, fue el juez que mayor tiempo permaneció en el sillón de la Corte Suprema de Justicia, cargo al que llegó con la restauración de la democracia argentina, en 1983.

Renunció a la Corte el 11 de diciembre del año pasado, un día después de la asunción del presidente Mauricio Macri. Había decidido esa fecha  en respuesta a la presión que había sufrido por parte del gobierno de Cristina Kirchner, que promovió su alejamiento alegando su edad e incluso planteó que se le hicieran examenes de salud mental.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundieron esta mañana un comunicado, en el que expresan su «profunda tristeza» por  el fallecimiento del ministro Carlos Santiago Fayt.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti pusieron a disposición el Palacio de Tribunales para que se lleve a cabo el velorio, pero su familia decidió una ceremonia más íntima.

La muerte de Fayt fue informada por su abogado Jorge Rizzo, a través de un tweet en el que informó que la hija de Fayt, Graciela, le comunicó la triste noticia: «Salud maestro, gracias por todo», resumió en su cuenta de Twitter.

Según indicó Rizzo, «no habrá velatorio» y «sus restos serán llevados a su bóveda de Recoleta. Vamos a decir unas palabras unas pocas personas, pero seguramente muchísima gente va a estar acompañándonos».

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, declaró  al canal de noticias TN que Fayt  «era un hombre íntegro» y admitió que la noticia lo ha golpeado. «Era un hombre que se hacía querer y le teníamos muchísimo cariño. Siempre me aconsejaba con serenidad».

Lorenzetti  mencionó también que»los ataques que recibió no influyeron porque él pensaba más en el país que en las cuestiones personales. Siempre fue muy fuerte», en alusión a las embestidas del gobierno anterior.

Por su parte, la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, recordó:  «Siempre estaba de buen humor, trabajó hasta el último día».

Fayt ejerció como juez de la Corte entre 1983 hasta el 11 de diciembre de 2015. Nació en Salta el 1 de febrero de 1918.

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