En cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Nacional, junto a un grupo de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), presentamos un pedido de Juicio Político al Presidente de la Nación, por “mal desempeño en la función pública”. El intento, por parte de los subordinados políticos del presidente Mauricio Macri, de condonar la deuda que una empresa de la familia presidencial tiene con todos los argentinos, por haber incumplido el contrato de privatización del Correo Argentino, por 70.000 millones, sin dudas amerita y con creces el pedido de Juicio Político.

Apenas conocido el dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, un grupo de legisladores encabezados por el diputado por Entre Ríos, Julio Solanas, comenzamos a trabajar en orden a presentar el pedido de juicio político, Por cuestiones de elemental prudencia y buena fe, esperamos la presencia del secretario de Comunicaciones, Oscar Aguad en el Congreso de la Nación quien concurrió a brindar explicaciones sobre este escandaloso intento de fraude a las arcas del Estado Nacional antes de hacer la formal presentación del pedido de Juicio Político.

Manifestaciones de Aguad no dejaron duda alguna que se trataba de un convenio ruinoso para el Estado y  que el presidente Macri sabía que dicho contrato le permitiría a una empresa de su familia  no pagar 70.000 millones de pesos que nos deben a todos los ciudadano. Sus declaraciones  se convirtieron en el impulso final para la presentación de este Juicio Político.

Los negociados del Correo  Argentino, la quita de impuestos a los ricos, la promoción del alza del precio de los alimentos, los negociados escandalosos de Aranguren con Shell y otras petroleras, la agresión sostenida al salario de los trabajadores y los ingresos de las familias argentinas para generar un flujo de recursos a favor de sectores concentrados de la economía, nos hace ver que en realidad Cambiemos es un plan de negocios a favor  de los ricos de Argentina. Necesitamos urgente un Plan de Gobierno que reconstruya los ingresos de las familias argentinas, fomente la industria y el trabajo nacional y se gestione en favor de las grandes mayorías populares.

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Junto a técnicos de la Administración Federal de Ingresos Púbicos y el legislador nacional Axel Kiciloff, el exministro de Gobierno del Chaco preparó y presentó  una nueva iniciativa con diversas propuestas. A saber: a) eliminar Ganancias a Jubilados y sobre el  aguinaldo. b) Un mínimo no imponible de 60.000 pesos para trabajadores activos. c) Aumentar sustancialmente las deducciones por cónyuges y convivientes, tal como lo establece el Código Civil; una deducción diferenciada para hijos con capacidades diferentes (el triple de la actual), deducción por alquileres, para los contribuyentes no propietarios y además por zona  desfavorable que incluye no sólo la Patagonia sino El Impenetrable chaqueño y la Puna norteña. También debe deducirse de ganancia los remedios y gastos médicos no cubiertos en el 100 % por las obras sociales.

“Una discusión entre mentirosos”

“La discusión  de este impuesto entre los legisladores de (Mauricio) Macri y (Sergio) Massa es una muestra más de las mentiras con las que engañaron al pueblo. Los dos decían, hasta saturar en campaña, que derogarían el impuesto a las ganancias para quienes están en relación de dependencia laboral. Y hoy, en una discusión entre mentirosos, debaten cómo gravan los ingresos de los trabajadores”, destacó el legislador chaqueño.

Así, precisó que el proyecto del Gobierno quita las deducciones por cónyuge y restringe la de hijos hasta los 18 años (actualmente es de 24 años). “El gobierno de ricos para ricos sigue agrediendo a los trabajadores, pequeños y medianos productores y comerciantes con una carga tributaria insostenible. Sólo hay excepciones y liberalidades impositivas para mineras sojeras y millonarios que no deberán tributar bienes personales”, precisó.

Finalmente, Pedrini agradeció a trabajadores de la AFIP por el asesoramiento: “Es un proyecto de trabajadores para los trabajadores”, concluyó el diputado nacional.

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El legislador nacional recordó que el martes pasado, diputados del Pro se comprometieron ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) que en el día de hoy se firmaría el despacho de Comisión para la baja en las comisiones por el uso de las tarjetas de créditos que los bancos cobran a los comercios.

“No sólo que no se firmó el despacho de Comisión, ni siquiera convocaron a las Comisiones de Legislación General y de Finanzas. En el Día de la Mentira que se recuerda hoy, el Pro le mintió a la Came”, sintetizó Pedrini. Así, aseguró que tal compromiso fue realizado la semana pasada por los diputados Eduardo Pablo Amadeo y Daniel Lipovetzky ante el presidente de Came, Osvaldo Cornide y otros dirigentes, entre los que se encontraba el chaqueño Alfredo González.

“Hoy, estamos en el Congreso Nacional, haciendo un seguimiento de las promesas del Pro. No sólo que no se concretó el compromiso con la Came, ni siquiera convocaron a la Comisión. Los diputados del Pro son iguales a su jefe Mauricio Macri: mienten”, destacó el ex ministro de Gobierno del Chaco.

“Dijeron que hoy iba a salir el despacho favorable a la baja de las comisiones de las tarjetas de créditos, pero no convocaron a las Comisiones. Es impresionante el lobby que están haciendo las distintas tarjetas de crédito para seguir cobrando el 3 por ciento, la tasa de servicio más alta del mundo”, concluyó Pedrini.

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El diputado Juan Manuel Pedrini la emprendió al principio de su discurso contra el gobernador Juan Manuel Urtubey y lo que definió como una “utilización” de un chico con síndrome de Down para demostrar la facilidad del voto electrónico, tras lo cual cuestionó la propuesta oficial afirmando que el sistema de votación “debe conjugar dos cuestiones: el de soberanía popular y la transparencia electoral”.

El legislador chaqueño consideró que la soberanía popular “se expresa fundamentalmente a través del voto; lo que queremos es que ese pueblo sea también el que controle las elecciones”.

Acostumbrado a ser oficialista, dijo que “la oposición nos habla de un sistema de hardware que va a controlar la votación, a través de fiscales informáticos, por cuanto los jueces no están capacitados para hacerlo”. Dijo en cambio que una elección debería poder ser controlada “por cualquier ciudadano que sepa leer y escribir”.

“Lo que estamos hablando es de una minoría informática que suplante a la voluntad popular”, señaló, cuestionando lo que definió como “una privatización del escrutinio electoral”.

Pedrini señaló que “somos los principales interesados en respetar la soberanía popular, la transparencia y en innovar si hace falta”, y sugirió entonces que se incorpore tecnología, permitiendo el voto a través de una pantalla, que sea impreso en un papel común, “que no tenga ningún chip, ningún código de barra, ninguna cuestión digital; queremos que este voto así impreso se deposite en una urna, que sea contado manualmente y luego que se haga la transmisión del resultado de esa urna, no mediante el uso de la electrónica, sino a través de telegramas”.

En ese sentido insistió en no ceder “ni un ápice” en el control ciudadano de la votación.

“Queremos voto popular, controlado por la ciudadanía”, concluyó.

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