Blanqueo de capitales: rechazos y cuestionamientos

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) rechazó, a través de Twitter, el decreto presidencial que habilita a familiares de funcionarios poder sumarse al blanqueo de capitales. “No respaldo el decreto reglamentario del Señor Presidente que permite a los familiares de funcionarios públicos entrar al blanqueo”, escribió este viernes la legisladora tucumana.

La radical, miembro de Cambiemos, defendió que “este gobierno ha dado acabadas muestras de transparencia luego de 12 años de un saqueo monumental al Estado”, pero pidió que “las señales deben ser claras”. “No puede haber sospechas de ventajas que quieran tomar familiares de funcionarios, sean del partido que sea”, advirtió en la red social del pajarito.

Diana Conti, Juliana Di Tullio, Luis Rodolfo Tailhade y Marcos Cleri, todos del bloque FpV-PJ, recuerdan que la función legislativa “está prohibida por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo”, y que solo puede ejercerse “por razones de necesidad y urgencia y tan solo respecto de algunas materias puede ejercerla a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”. En este sentido destacan que el Congreso Nacional cuenta con una Comisión Bicameral Permanente, que no tiene receso legislativo alguno, para controlar al Poder Ejecutivo de su excepcional función legislativa y, en su caso, rechazar lo decretado.

“Que el presidente cambie leyes por decretos no es una buena señal. Cuando se aprobó la Ley en el Congreso quedó expresamente prohibido que los familiares directos puedan acceder al blanqueo”, afirmaron los diputados del bloque Justicialista.

“Que se modifique una ley por decreto es un antecedente muy grave”, remarcaron, a la vez que señalaron que “convalidar este hecho implicaría un atropello a nuestra democracia.

“El decreto de papá”: lo definió el diputado kirchnerista Carlos Moreno que fue rechazada no sólo por el pleno de la oposición, sino también por el propio jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri.

El diputado oficialista reconoció que el decreto fue “inconveniente”. “Las características de la norma -el decreto 1206 de este año- resultan incompatibles con una interpretación expansiva del universo de beneficiarios”, explicó.